El Gobierno mexicano ha liberado 2.685 reos en lo que va de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) porque estaban de manera injusta en la cárcel o por la Ley de Amnistía que impulsó el mandatario.
«Se tienen que enfrentar muchos obstáculos, son muchos los trámites, hay resistencia, pero se está avanzando y existe la voluntad de liberar a todos los que no deben estar en las cárceles, existe esa inquebrantable voluntad», declaró este jueves López Obrador en su rueda de prensa diaria.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodrígez, detalló que 2549 fueron preliberaciones, con base en un decreto que promulgó López Obrador en septiembre de 2021 para excarcelar a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura.
De estas personas, 123 eran mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónicas, 51 indígenas, 15 extranjeros y 2.032 personas que cumplieron con requisitos de ley para preliberación, como tener 10 años sin sentencia o comprobar que fueron víctimas tortura.
«Es un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con la violencia, gente humilde, que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades», expuso Rodríguez.
La otra vía ha sido la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 para liberar a personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
Por este camino, detalló la secretaria, el Gobierno ha liberado a 136 personas, de las que 66 fueron por pobreza, 42 eran mujeres, 21 indígenas, dos personas con discapacidad, cuatro víctimas de intimidación y una víctima de discriminación.
El presidente había prometido concretar la excarcelación masiva hace un año, el 15 de septiembre de 2021, cuanto reportó más de 4.000 casos en análisis.
Mientras que la Ley de Amnistía tenía el objetivo de liberar a unas 6.000 personas.
Pero las prisiones tienen una sobrepoblación reconocida de más de 9.000 reos y 130 penales con un exceso de detenidos, mientras que a nivel nacional hay un total de casi 226.000 personas en las cárceles, según el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad.
De las personas detenidas cerca del 40 % solo están procesadas, pero aún no reciben sentencia.
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