El exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, ha presentado una demanda contra el fiscal general William Barr por afirmaciones de que fue enviado de nuevo a la cárcel en represalia por escribir un libro que criticaba al presidente.
La demanda (pdf) presentada el lunes busca impugnar la decisión de poner a Cohen de nuevo bajo custodia en la Institución Correccional Federal en Otisville, Nueva York, y pide a la corte que lo envíe de nuevo a su arresto domiciliario.
Cohen —quien está cumpliendo una sentencia de tres años por violaciones de financiamiento de campaña, evasión de impuestos y por mentirle al Congreso— fue puesto bajo arresto domiciliario en mayo por las preocupaciones de la propagación de la pandemia COVID-19 en las prisiones.
Pero fue encarcelado de nuevo el 9 de julio porque «se negó a seguir las condiciones de su arresto domiciliario», dijo la Oficina de Prisiones (BOP, en inglés) a The Epoch Times en una declaración en ese momento.
Días antes de ser detenido de nuevo, Cohen fue visto comiendo en Le Bilboquet, un restaurante en el distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Las fotografías publicadas por el New York Post mostraban al abogado en una mesa con dos mujeres, incluyendo a su esposa, y otro hombre.
Jeffrey Levine, el abogado de Cohen, defendió la velada en ese momento, diciendo al periódico que Cohen «no violó ninguno de los términos y condiciones de su liberación… y cualquier afirmación o sugerencia de lo contrario sería totalmente inexacta y falsa».
Cohen, de 53 años, representado por la Unión Americana de Libertades Civiles y el bufete de abogados Perry Guha LLP, presentó la demanda el lunes alegando que fue encerrado porque se negó a dejar de escribir un libro que critica a Trump con la intención de publicar el libro antes de las elecciones presidenciales de 2020.
«Este caso se trata de un descarado agravio a la Primera Enmienda y al estado de derecho. Confiamos en que nuestra Constitución prevalecerá y que la libertad de expresión seguirá siendo protegida, para nuestro cliente y para todos los demás por extensión», dijo Danya Perry, socia fundadora de Perry Guha, en un comunicado.
Tanto el Departamento de Justicia como la BOP no hicieron ningún comentario en respuesta a la demanda.
Durante su permiso, Cohen hizo declaraciones públicas en Twitter el 2 de julio en las que afirmaba que estaba finalizando un libro sobre su experiencia de una década trabajando como abogado de Trump. Dijeron que unos días más tarde, el 9 de julio, cuando Cohen visitó la Oficina de Libertad Condicional de EE. UU. en el centro de Manhattan para pasar del permiso al arresto domiciliario, los funcionarios federales le pidieron que firmara un acuerdo que le impedía relacionarse con los medios de comunicación o le prohibía publicar en las redes sociales.
Cohen dijo a los funcionarios que la firma del acuerdo le impediría trabajar en su libro y también pidió aclaraciones sobre lo que implicaba la condición, dijeron sus abogados. También preguntó si el lenguaje de la condición podría ajustarse para reflejar mejor el propósito declarado de la condición, que es «evitar realzar o dar publicidad a la condición [del Sr. Cohen] al ser un recluso condenado que cumple una pena de privación de la libertad en la comunidad», afirmaron sus abogados.
«Declararon que enviarían entonces … [la] consulta sobre el lenguaje de la Disposición de Restricción Previa ‘hacia arriba en la cadena de mando’ para una decisión», decía la demanda.
«En cambio, tres marshals de Estados Unidos llegaron con esposas y grilletes y se los pusieron al Sr. Cohen para que volviera a la cárcel».
Sus abogados afirman que Cohen no dijo en ningún momento que se negó a firmar el acuerdo. También afirman que Cohen tampoco «rechazó la vigilancia electrónica, o cualquier otra condición de arresto domiciliario».
La demanda también nombra como acusados al director de la BOP, Michael Carvajal, y al director de la Institución Correccional Federal de Otisville, James Petrucci.
Zachary Stieber contribuyó a este informe.
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