La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, departió en Ginebra con la esposa de Julian Assange, Stella Assange, y los abogados del activista australiano, Baltasar Garzón y Aitor Martínez, que le detallaron la actual situación del periodista, según reveló la campaña Don’t Extradite Assange.
El encuentro se produjo este jueves en el Palais Wilson, sede del Alto Comisionado, donde Bachelet fue informada sobre las «violaciones contra los Derechos Humanos cometidas contra el fundador de WiliLeaks y las implicaciones para la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a la verdad», según detalla un comunicado.
El pasado 17 de junio, la ministra británica de Interior, Priti Patel, firmó la orden para extraditar al periodista a Estados Unidos, que lo requiere por cargos de espionaje.
Washington lo reclama para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal Wikileaks que, según su equipo legal, pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en ese país.
Según la nota, la reunión duró algo más de una hora y los abogados de Assange informaron a Bachelet sobre la actual situación del activista, así como de los dos recursos de apelación pendientes ante el Tribunal Superior británico.
Los abogados indicaron, según Don’t Extradite, cómo este caso supone también «una agresión contra la libertad de la prensa a nivel global y sobre el derecho al acceso a información».
También abordaron cómo el caso «viola el principio de proporcionalidad», ya que Assange afronta una potencial pena de prisión en ese país de 175 años, una pena de por vida de facto, «simplemente por publicar información relacionada con crímenes internacionales, que son crímenes por los que la comunidad internacional tiene la obligación de llevar a juicio».
En ese encuentro en Ginebra, también se departió sobre los casos criminales abiertos en España para investigar a la compañía de seguridad UC GlOBAL -que proporcionaba servicios de seguridad a la Embajada de Ecuador en Londres en aparente colaboración con los servicios de inteligencia de Estados Unidos-.
Por su parte, la esposa de Assange, Stella, se centró durante la reunión en el «frágil estado de salud» que atraviesa su esposo y aludió a informes médicos que confirman «el riesgo de que Assange muera en prisión, y que la extradición pueda llevarle a quitarse la vida».
Dice que la extradición afectaría la libertad de prensa
Bachelet recibió la información proporcionada por el equipo legal de Assange y su esposa, y tildó la reunión de «intercambio muy productivo», según Don’t Extradite.
La alta comisionada dijo que una posible extradición y enjuiciamiento en Estados Unidos de Julian Assange es motivo de preocupación por el impacto que tendría en la libertad de la prensa, en el periodismo de investigación y en la actividad de los informantes.
En comentarios a Efe sobre este caso, Bachelet enfatizó la importancia de que se respeten los derechos humanos de Assange, «en particular el derecho a un juicio justo y al debido proceso», y aseguró que su organismo estará atento a lo que ocurra.
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