Dos miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos presentaron una demanda contra el secretario de Defensa, Lloyd Austin, para poner fin a la orden de que todos los soldados se vacunen contra el COVID-19.
Como parte de ello, pidieron las exenciones basadas en la inmunidad natural.
El sargento del Ejército, Dan Robert, soldado de infantería en Fort Bragg, Carolina del Norte, y la sargento del Cuerpo de Marines, Hollie Mulvihill, controladora de tráfico aéreo en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de New River, de Carolina del Norte, presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito de Colorado el 17 de agosto.
La demanda nombra como acusados a Austin junto al secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, y Janet Woodcock, comisionada en funciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Ambos miembros de las Fuerzas Armadas presentaron la acción judicial en su propio nombre y en el de otros miembros del servicio activo —incluidos los que sobrevivieron a COVID-19— y se les impuso la vacunación.
Robert y Mulvihill afirman que Austin les notificó públicamente a través de un memorándum que debían vacunarse de inmediato y que el Departamento de Defensa «ya está vacunando a los miembros del ejército en abierta violación de sus obligaciones legales y de los derechos de los miembros del servicio bajo la ley federal y la constitución», según la demanda.
También argumentan que la vacuna de Pfizer-BioNTech estaba autorizada de antemano para el uso de emergencia, señalando que «los estatutos federales prohíben el uso de cualquier vacuna sin licencia en los miembros del servicio sin su consentimiento informado».
Los demandantes buscan una reparación declaratoria y cautelar ya que el Departamento de Defensa está «utilizando una vacuna contra el COVID-19 con autorización de uso de emergencia» para sus vacunaciones.
Pfizer-BioNTech recibió la aprobación completa de la FDA el 23 de agosto, días después de la presentación de la demanda.
Los miembros del servicio también quieren crear una exención médica —basada en pruebas presentadas a través de test serológicos, infección documentada o circunstancias similares— para aquellos que previamente se infectaron con el virus y sobrevivieron y tienen «inmunidad natural».
«Ni el presidente, ni el secretario de Defensa, ni el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ni el secretario de la Administración de Alimentos y Medicamentos han cumplido con los requisitos de los instrumentos de control de la ley federal», escribieron los soldados en la presentación judicial.
«Por lo tanto, cualquier vacunación involuntaria de los demandantes es una violación directa de la ley federal, de los reglamentos correspondientes y de la constitución de Estados Unidos, negando a los demandantes las leyes de Igualdad de Protección bajo la 14ª Enmienda al tratar a los demandantes con inmunidad natural de manera diferente que a sus compañeros en situación similar en el Ejército que solo tienen inmunidad simulada, y violando sus cuerpos con una vacuna experimental».
A principios de este mes, el Pentágono dijo que tiene una «gama de herramientas» para obligar a los miembros del servicio militar a recibir la vacuna anti COVID-19, pero señaló que aquellos que se niegan a vacunarse no necesariamente se enfrentan a una baja deshonrosa.
En una rueda de prensa, el secretario de Prensa del Pentágono, John F. Kirby, dijo a los periodistas que era importante que los miembros del servicio «comprendan las ramificaciones de su decisión» si deciden no vacunarse.
«Cuando un individuo se niega a tomar una vacuna obligatoria, se le dará la oportunidad de hablar tanto con los proveedores médicos como con su propia cadena de mando para que pueda comprender plenamente la decisión que está tomando», dijo Kirby.
«Otra cosa que diría es que nuestros comandantes tienen una serie de herramientas a su disposición, sin necesidad de utilizar el Código Uniforme de Justicia Militar, para intentar de nuevo que los hombres y mujeres del departamento tomen la decisión correcta», añadió.
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