Varios residentes de los estados que decidieron anular los subsidios federales de desempleo que se aprobaron por ley debido a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) han presentado demandas contra sus gobernadores.
Ahora, miles de residentes de Texas, Maryland e Indiana han presentado demandas para que se les devuelvan los 300 dólares extra por semana en prestaciones. Los tres estados se encontraban entre las docenas de estados liderados por el Partido Republicano que decidieron el mes pasado poner fin al programa de prestaciones de forma anticipada, argumentando que los ingresos semanales extra creaban un incentivo para que la gente no volviera a trabajar en medio de la escasez de trabajadores.
El beneficio adicional está programado para expirar en septiembre, lo que ocurrirá unos 18 meses después de que el Congreso autorizara los pagos adicionales como parte de la Ley CARES en marzo de 2020.
Más de 30,000 tejanos presentaron una demanda contra el gobernador Greg Abbott, republicano, por haber eliminado el programa antes de tiempo, alegando que se extralimitó en sus funciones. Según un reporte de Houston Chronicle, los demandantes se organizaron a través de Facebook para presentar la petición legal.
Los demandantes hicieron una financiación colaborativa para contratar a un abogado, David Sibley, que presentó una demanda el mes pasado en el tribunal estatal de Austin.
«Texas tiene lo que se conoce como un gobernador débil y una gran parte de Texas está dirigida por comisiones», dijo Sibley al periódico, refiriéndose al sistema de gobierno estatal. «Simplemente creemos que el gobernador está actuando fuera de su autoridad, y es algo que la TWC (Comisión de la Fuerza Laboral de Texas) debería abordar».
Abbott, en respuesta a la demanda, dijo que el «número de puestos de trabajo vacantes en Texas es casi idéntico al número de tejanos que reciben prestaciones por desempleo», coincidiendo con una preocupación expresada por empresarios y grupos empresariales que han manifestado una escasez de trabajadores en los últimos meses.
En las últimas semanas, se presentaron dos demandas contra el gobernador de Maryland, Larry Hogan, también republicano, y la secretaria de Trabajo, Tiffany Robinson, por supuesta violación de la ley estatal. Los demandantes en ese juicio han argumentado que poner fin a las prestaciones antes de tiempo perjudicaría a las familias que están teniendo dificultades para encontrar empleo en medio de la pandemia.
Pero hace varios días, un juez de Baltimore ordenó al estado de Maryland que siguiera pagando los subsidios adicionales. Hogan dijo que apelaría el fallo.
«Por su alcance mundial y por la ansiedad que casi todas las personas experimentan ante la amenaza de la enfermedad, el impacto de la pandemia ha sido universal, pero las breves historias de estos demandantes recuerdan al Tribunal que el impacto de la pandemia ha sido cruelmente desigual», dice la orden judicial. «Algunos han sufrido la muerte o una enfermedad debilitante, en sus familias o entre sus amigos», añadía.
Y a mediados de junio, varios residentes de Indiana presentaron una demanda contra el gobernador republicano Eric Holcomb para que se restablezca el programa.
“No es blanco o negro”, dijo Sharon Singer-Mann, una de las demandantes, al Indianapolis Star. “La historia de todos no es la misma. No voy a volver a trabajar, no poniendo en riesgo la vida de mi hijo”.
Un juez dictaminó a finales del mes pasado que el estado debe continuar con el programa de desempleo ampliado.
«La pérdida de la vivienda o de la atención médica y la incapacidad de proporcionar alimentos, refugio y cuidado adecuado de los niños a una familia constituyen un daño irreparable a la espera de la resolución de esta causa de acción y no son adecuadamente compensables mediante una indemnización por daños y perjuicios», escribió el juez del condado de Marion, John Hanley, en su orden.
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