Las fuerzas militares estadounidenses deben indemnizar a los exmilitares que fueron expulsados por negarse a recibir la vacuna contra COVID-19, según un trío de demandas federales.
Los exmilitares exigen el pago de salarios atrasados, indemnizaciones por daños y perjuicios y otras compensaciones.
Nicholas Bassen, un sargento del Ejército que fue dado de baja en 2022 por no vacunarse, quiere una indemnización de al menos 120,000 dólares.
Las demandas, presentadas en los últimos meses, argumentan que cuando el Congreso obligó al Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) a rescindir su orden de vacunación contra COVID-19, los legisladores eligieron cuidadosamente su redacción.
«El Congreso eligió expresamente el término ‘rescindir’, en lugar de expresiones más habituales como ‘derogar’, ‘enmendar’ o ‘aclarar’, para indicar al DoD y a las cortes que la rescisión debía aplicarse con carácter retroactivo», afirma uno de ellos.
Para apoyar su argumento, los abogados señalaron el memorando del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, del 10 de enero, en el que el general retirado rescindía el mandato y ordenaba a los líderes militares que eliminaran las acciones adversas relativas a la negativa a vacunarse de los expedientes de los miembros aún en servicio.
El Sr. Austin también dijo que los exmiembros podían presentar peticiones para solicitar correcciones en sus expedientes.
«El Secretario Austin reconoció la directiva del Congreso de aplicar la Rescisión con carácter retroactivo, entre otras cosas, comprometiéndose a corregir todo el papeleo y las acciones adversas del personal resultantes del incumplimiento del ahora anulado mandato y de las órdenes emitidas en virtud del mismo», afirma una de las demandas.
«Nosotros creemos que existe un precedente bastante sólido a nuestro favor, porque cuando el Congreso derogó ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ utilizó la palabra ‘derogar’. Cuando hicieron esto, utilizaron la palabra ‘rescindir'», dijo Dale Saran, uno de los abogados que representan a los exmiembros, a The Epoch Times en un correo electrónico.
«Todo el mundo debería volver por entero de nuevo», añadió el abogado Saran más tarde. «Ellos deberían volver a estar en la posición en la que estaban antes».
El Sr. Saran calcula que, si las demandas prosperan, los exafiliados recibirán miles de millones de dólares.
El dinero ya fue consignado por el Congreso para el pago y otras compensaciones antes de que el Ejército diera de baja a más de 8000 efectivos por negarse a recibir la vacuna, destacó a continuación.
A decenas de miles de miembros de la Guardia Nacional, por su parte, se les denegó la paga por considerar que no cumplían con la orden de vacunación.
Las tres demandas colectivas se presentaron ante la Corte de Reclamaciones Federales de Estados Unidos.
Los exmiembros interesados en unirse a las demandas pueden dirigirse a militarybackpay.com.
El Gobierno responde
Los líderes militares se han resistido a los llamados para conceder el pago retroactivo a las personas afectadas por la orden de vacunación, y en las presentaciones judiciales el gobierno instó a los jueces a desestimar las demandas.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2023, que contenía el texto sobre la rescisión del mandato, no obliga a conceder dinero a los miembros y exmiembros afectados, dijeron los abogados del gobierno a los tribunales.
En una sección de la ley, el Congreso dijo que «el secretario de Defensa rescindirá el mandato de que los miembros de las Fuerzas Armadas sean vacunados contra COVID-19».
«Nada en el lenguaje de la sección 525 puede interpretarse como una orden de compensación retroactiva para los miembros del servicio afectados por el requisito de vacunación retrospectiva o prospectivamente», dijeron los abogados en una presentación. «De hecho, el lenguaje no contempla, y mucho menos ordena, ningún derecho compensatorio para los miembros del servicio».
Incluso si los demandantes tuvieran razón, el Congreso no tenía intención de otorgar pagos atrasados, dijeron los abogados, haciendo referencia a cómo una enmienda propuesta, que claramente habría otorgado una compensación a los miembros despedidos, fue rechazada.
«Tal enmienda habría sido innecesaria si la palabra ‘rescindir’ ya requería que los militares proporcionaran el alivio monetario que los demandantes buscan», añadieron los abogados.
Los jueces de los casos tendrán que pronunciarse sobre las mociones de desestimación presentadas por el gobierno. De prosperar, se podrían presentar apelaciones. Si los jueces fallan en contra del gobierno, entonces los casos avanzarán.
En respuesta al gobierno, los abogados de los exmiembros dijeron que la ley de defensa era una ley que «imponía dinero», señalando decisiones judiciales que determinaban que disposiciones como «No preguntes, no digas» eran disposiciones que imponían dinero.
«En la medida en que el Congreso dejó alguna discreción, la NDAA de 2023, junto con la Ley de Asignaciones de 2023, la Ley de Pago Militar y otras leyes y regulaciones federales identificadas en la queja, exigen dinero porque proporcionan estándares claros para el pago; los montos precisos para el pago; y establecen las condiciones de elegibilidad para dichos pagos», indicaron los abogados.
Otra restauración
Además de conceder pagos atrasados, las cortes deberían ordenar a los militares que corrijan los registros de los despedidos, según las demandas.
Además, solicitan que se ordene a los militares restablecer los beneficios y puntos de jubilación, que se obtienen durante el servicio.
Los abogados dijeron que también deberían cesar los esfuerzos para quitar dinero a los miembros, como la recuperación de las bonificaciones de alistamiento.
«Nosotros tenemos clientes a quienes los cobradores de deudas los persiguen», dijo el abogado Saran. «Por ejemplo, digamos que eres un tipo que hizo un enganche de cuatro años, y recibiste un bono firmado para volver a alistarte, y ya llevas dos años y medio cuando llega el mandato. Luego te echan y ellos dicen, ‘Oh, tú también nos debes ese bono firmado de USD25,000’. Así que tenemos una colección de chicos».
Al Sr. Bassen, por ejemplo, el Ejército le pidió que devuelva su bono firmado, mientras que un demandante en otra de las demandas, el sargento de primera clase de la Guardia del Ejército de Georgia, Brian Taylor, se vio obligado a pagar primas de seguro médico después de que se le prohibiera el adiestramiento y se le negara una compensación.
El señor Taylor, dijeron los abogados, «busca la devolución del dinero que el gobierno de Estados Unidos le extrajo ilegalmente en primas [de seguros], por el endeudamiento que el gobierno creó mediante sus propios actos y órdenes inconstitucionales».
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