La subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) en Panamá informó este jueves que dejó de procesar cobre en la gran mina que opera en el país y anunció que «desmovilizará parcialmente más de 8.000 empleados y contratistas», en medio de la controversia contractual que mantiene desde hace más de un año con el Gobierno.
La empresa Minera Panamá S.A. (MPSA) «ha suspendió las operaciones de procesamiento de mineral en la mina Cobre Panamá», como «resultado de la negativa de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de permitir las operaciones de carga de concentrado de cobre en el puerto de la mina, Punta Rincón», dijo la FQM en un comunicado.
La AMP ordenó suspender a finales de enero pasado mediante una resolución el embarque del cobre, como parte de las medidas que ha tomado el Gobierno en el marco de la controversia, incluida la orden de suspender las operaciones de la mina dictaminada en diciembre de 2022 y que la minera ha objetado ante las correspondientes.
La mina Cobre Panamá, con una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019. Representa el 45 % de la producción total de FQM, que explota otros yacimientos en varios países, de acuerdo con información pública.
Cobre Panamá «contribuye con alrededor del 5 % del PIB de Panamá, constituye el 75 % de la exportación de bienes del país y ha creado, con base a estimados de MPSA, al menos 40.000 empleos, directa e indirectamente», ha reiterado la empresa.
La minera canadiense anunció este jueves una «desmovilización parcial de su fuerza laboral de más de 8.000 empleados y contratistas, cuyo impacto se espera aumente significativamente en las próximas semanas si no se reanudan los envíos de concentrado».
Además, «la mina ha dejado de comprar suministros y servicios que equivalen a 20 millones de dólares en ingresos semanales a más de 2.000 empresas panameñas».
La minera agregó que «está adoptando un enfoque sistemático para reducir las operaciones a fin de garantizar la seguridad de su fuerza laboral, evitar daños y degradación de los equipos y preservar la integridad de la mina», y que «el trabajo esencial de seguridad y medioambiente continuará, incluido el cuidado de la instalación de gestión de relaves».
Las negociaciones contractuales con el Gobierno «continúan (…) la Compañía considera que la suspensión de las operaciones de procesamiento de mineral como consecuencia de las acciones del Gobierno de Panamá es innecesaria dado el progreso continuo en este sentido», agregó.
El Gobierno de Panamá y la minera comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre de 2021 y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo, que sin embargo no ha llegado a materializarse con una firma, lo que llevó al Ejecutivo a ordenar el cierre de las operaciones de la mina en diciembre pasado.
El acuerdo anunciado hace más de un año incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, la más grande a cielo abierto de Centroamérica.
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