La Misión Internacional para analizar posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela denunció este miércoles ante Naciones Unidas crímenes contra la humanidad cometidos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La portuguesa Marta Valiñas, presidente de la citada misión, de la que también forman parte el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils, presentó ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe que denuncia ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos.
Crímenes de Estado sistemáticos
Estas violaciones fueron perpetradas, según la misión, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia chavistas, tanto civiles como militares.
«Nuestro análisis completo y minucioso de 223 casos que hemos investigado (…) nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad», concluyó la investigadora portuguesa.
El informe sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen estas violaciones de las libertades fundamentales, aunque Valiñas se limitó en su intervención de hoy a pedir que las autoridades venezolanas garanticen la rendición de cuentas de los responsables.
El documento fue contestado contundentemente por la delegación de Venezuela, que actualmente forma parte del propio Consejo de Derechos Humanos y acusó a Estados Unidos y los países latinoamericanos del Grupo de Lima de «estar detrás del informe».
Maduro desafía a Bachelet
Valero también advirtió a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige la expresidente chilena Michelle Bachelet, que puede elegir entre proseguir la actual cooperación con el régimen de Maduro o «mantener una misión fantasma que hace un trabajo a control remoto».
El informe, de 411 páginas, investigó unas 4600 muertes a manos de las fuerzas de seguridad chavistas y más de 3400 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas.
La presidente de la misión tripartita defendió la «total independencia e imparcialidad» de su labor y lamentó que el régimen venezolano no les haya permitido llevar a cabo investigaciones «in situ» en el país, ni respondiera a ninguno de sus intentos de comunicación.
En el debate posterior a las intervenciones de la Misión Internacional y de Venezuela, la delegación de la Unión Europea y la peruana en nombre del Grupo de Lima manifestaron su apoyo al informe y a su petición de investigaciones imparciales.
Brasil resaltó expresamente la recomendación de que estos abusos se lleven a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y exhortó a «poner a las víctimas por encima de todo».
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