Funcionarios del estado de Missouri presentaron el lunes una demanda para impedir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) envíe personal federal a vigilar los centros de votación el día de las elecciones.
La acción legal, presentada por el Secretario de Estado Jay Ashcroft y la oficina del Fiscal General de Missouri, busca bloquear lo que Ashcroft describe como «interferencia ilegal» del gobierno federal en las elecciones de Missouri.
«Nadie está por encima de la ley», dijo Ashcroft en un comunicado de prensa. «La ley limita clara y específicamente quién puede estar en los colegios electorales y esta acción del DOJ no está permitida. Una vez más el gobierno federal intenta interferir ilegalmente en las elecciones de Missouri».
El DOJ anunció el 1 de noviembre que planea supervisar el cumplimiento de las leyes federales sobre el derecho al voto en 86 jurisdicciones de 27 estados, incluida la ciudad de San Luis.
El comunicado de prensa del departamento indicaba que se desplegaría personal de la División de Derechos Civiles, otras divisiones, fiscalías y observadores federales de la Oficina de Gestión de Personal.
Ashcroft dijo que la ley de Missouri sólo permite la presencia de determinadas personas en el interior de los colegios electorales, y los observadores federales no se encuentran entre ellas.
«Esta es una actuación repetida», dijo Ashcroft. «Hace dos años, nos reunimos con el DOJ. Les mostramos la ley y les explicamos que no tienen jurisdicción para interferir en las elecciones de Missouri. Ahora están haciendo lo mismo; tratando de entrar por la puerta de atrás poniéndose en contacto con los funcionarios electorales locales y haciendo falsas reclamaciones jurisdiccionales de acceso, en lugar de ponerse en contacto con mi oficina directamente».
En 2022, el DOJ planeó enviar personal para supervisar las urnas en el condado de Cole (Misuri), pero se abstuvo tras recibir una carta de Ashcroft en la que se exponían las restricciones legales del estado.
La demanda actual, presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri, nombra como demandados al Fiscal General Merrick Garland, a la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke y al DOJ.
La denuncia alega que las acciones del DOJ exceden su autoridad estatutaria y violan la Ley de Procedimiento Administrativo.
«Las acciones del DOJ son inexplicables y ultra vires, sobrepasando la autoridad estatutaria bajo las leyes federales relacionadas con el voto», afirma la demanda.
El estado solicita una declaración de que la vigilancia prevista por el DOJ es ilegal y una orden judicial para impedir que el personal federal entre en los colegios electorales de Missouri.
Ashcroft dijo que Missouri tiene una reputación líder en integridad electoral, citando evaluaciones de organizaciones como la Fundación Heritage.
«En lugar de contaminar el proceso, como en Virginia y Alabama, el DOJ debería considerar al Estado de Show-Me como el ejemplo para otros estados en lo que se refiere a elecciones no partidistas sólidas», dijo en el comunicado.
El DOJ sostiene que su supervisión forma parte de la aplicación de las leyes federales sobre el derecho al voto, incluidas la Ley del Derecho al Voto y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
El comunicado del departamento señala que el personal de la División de Derechos Civiles estará disponible para recibir quejas relacionadas con posibles violaciones de las leyes federales de derecho al voto durante toda la jornada electoral.
En una respuesta por correo electrónico a The Epoch Times, el DOJ se negó a comentar sobre el litigio, pero señaló como antecedente un acuerdo de 2019 entre el departamento y una junta electoral local en Missouri.
En 2019, el DOJ y la Junta de Comisionados Electorales de la ciudad de St. Louis, Missouri, llegaron a un acuerdo tras una investigación del DOJ en virtud de la ADA.
Los investigadores federales descubrieron que numerosos centros de votación en St. Louis no eran accesibles para los votantes con discapacidad debido a barreras arquitectónicas como escaleras y puertas estrechas, según el acuerdo.
Como parte del acuerdo, la junta electoral de la ciudad aceptó hacer accesibles los colegios electorales, bien mediante modificaciones permanentes o medidas temporales el día de las elecciones.
Además, el acuerdo establecía que «la Junta cooperará plenamente con los esfuerzos de Estados Unidos para supervisar el cumplimiento de este Acuerdo, lo que incluye, entre otras cosas, facilitar a Estados Unidos el acceso oportuno a los colegios electorales (incluso el día de las elecciones)».
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