El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el lunes que hablaría con el Congreso sobre la supervisión del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) del gobierno, de 660 mil millones de dólares, después de haber resistido anteriormente a los llamados a revelar los nombres de los beneficiarios y los montos de los préstamos.
Mnuchin escribió en un tuit que se comprometería con los legisladores «sobre una base bipartidista» para discutir los acuerdos de supervisión que equilibrarían la divulgación con «la protección adecuada de la información de las pequeñas empresas».
I will be having discussions with the Senate @SmallBizCmte and others on a bipartisan basis to strike the appropriate balance for proper oversight of #ppploans and appropriate protection of small business information. @SBAgov
— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) June 15, 2020
El secretario del Tesoro desató la controversia cuando la semana pasada dijo al Congreso que no revelaría los nombres de los beneficiarios de los préstamos del PPP ni las sumas desembolsadas alegando que se trata de información «confidencial» y «patentada», en parte porque los datos sobre la remuneración de los empleados se utilizan para calcular la elegibilidad de los préstamos.
El 19 de junio, dijo al Comité de Pequeñas Empresas del Senado que «aunque creemos absolutamente en la transparencia» en lo que respecta a la variedad de programas de ayuda económica lanzados para ayudar a las empresas a soportar la crisis de COVID-19, «en lo que se refiere a los nombres y cantidades de préstamos específicos de PPP, creemos que es información patentada, y en muchos casos para los propietarios únicos y las pequeñas empresas, es información confidencial».
Mnuchin respondía a una pregunta del senador Chris Coons (D-Del.) sobre por qué los datos de las empresas que reciben los fondos del PPP no se divulgaban en el sitio web de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), que administra el programa, mientras que sí se divulga información comparable de empresas que solicitan préstamos en el marco de un programa similar «7A». Coons apuntó que la SBA dijo que planea poner a disposición información específica de préstamos para los fondos del PPP «en una fecha futura», pero presionó a Mnuchin para que aclare por qué no se han revelado aún tales datos. También pidió garantías de que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) tendría acceso a los datos que necesita para hacer su trabajo de supervisión.
«Así que la razón por la que no estamos divulgando los nombres y los montos individuales, a diferencia del programa 7A, es por esa cuestión», dijo Mnuchin, refiriéndose al problema de la divulgación de la información de propiedad de las pequeñas empresas, los propietarios únicos y los contratistas independientes, incluidos los datos sobre los salarios.
«Pero estamos trabajando con la GAO, desde una supervisión… para asegurarnos de que se sientan cómodos y tengan acceso a la información», dijo Mnuchin.
La resistencia de Mnuchin fue recibida con un revés tanto por los republicanos como por los demócratas, quienes dijeron que es difícil guiar apropiadamente la ayuda del gobierno durante la pandemia sin saber a dónde va el dinero. Además, añadieron que el público tiene derecho a ver dónde se gastan los dólares de los contribuyentes.
«Dados los muchos problemas con el programa del PPP, es imperativo que los contribuyentes estadounidenses sepan si el dinero va a donde el Congreso pretendía, a las pequeñas empresas verdaderamente pequeñas y no bancarizadas. La resistencia de la administración a la transparencia es indignante y solo sirve para levantar más sospechas sobre cómo se están distribuyendo los fondos y quién se está beneficiando realmente», dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), en un comunicado el viernes.
Según el Washington Post, casi una docena de organizaciones de noticias han demandado a la SBA en la corte federal por la liberación de los registros de préstamos del PPP.
Coons anunció el lunes que los demócratas han introducido oficialmente la Ley de Ética para la Supervisión y Recuperación del Coronavirus (CORE) (S. 3855), que en un comunicado de prensa se describe como «una legislación que aseguraría una mayor supervisión, responsabilidad y transparencia en la respuesta del gobierno federal a la crisis de COVID-19».
«Tenemos que asegurarnos de que la ayuda va a los trabajadores y las empresas que más la necesitan, no solo a las empresas con más conexiones políticas. Esta importante legislación asegurará que los inspectores generales puedan hacer su trabajo y proporcionar una verdadera rendición de cuentas por los billones de dólares de los contribuyentes que estamos invirtiendo para mantener nuestra economía a flote», dijo Coons en el comunicado.
La introducción oficial de la Ley CORE se produce cuando los demócratas dicen que no están recibiendo suficiente información sobre los desembolsos de los préstamos y temen que el Departamento del Tesoro haya favorecido a las grandes empresas bien financiadas en detrimento de las pequeñas empresas en las comunidades desatendidas.
Ahora, 10 semanas después del lanzamiento del PPP, la SBA dice que ha procesado 4.5 millones de préstamos por valor de 511,000 millones de dólares.
Los préstamos pueden ser perdonados si las empresas utilizan el dinero para mantener a los empleados en nómina o volver a contratar a los trabajadores que han sido despedidos.
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