La administración Trump dijo a la Corte Suprema el 6 de mayo que se debe mantener la exención otorgada a las organizaciones religiosas que les permite no brindar protección anticonceptiva.
Según la Ley de Atención Asequible, también conocida como Obamacare, la mayoría de los empleadores tienen que poner a disposición anticonceptivos gratuitos. Las iglesias estaban exentas.
Los argumentos orales tuvieron lugar telefónicamente en la Corte Suprema en los casos citados como Little Sisters of the Poor v. Pennsylvania, y Trump v. Pennsylvania, que fueron unificados y escuchados juntos. Aunque la corte programó una hora para la audiencia, ésta duró una hora y 40 minutos.
La Jueza, Ruth Bader Ginsburg, quien cumplió 87 años en marzo, participó en la audiencia desde un hospital donde, según una funcionaria de la corte, ha estado recibiendo «tratamiento no quirúrgico para la colecistitis aguda, una afección benigna de la vesícula biliar».
La Little Sisters of the Poor, una orden religiosa y de caridad que opera instalaciones en todo el país, se describe en su sitio web como «una congregación internacional de mujeres católicas romanas (…) fundada en 1839 por Saint Jeanne Jugan (…) [que] sirve a los ancianos pobres en más de 30 países alrededor el mundo».
El decreto de la anticoncepción de la era de la Obama en 2011 ha provocado más de 100 demandas de particulares, grupos religiosos, gobiernos estatales y empresas que se opusieron al decreto por motivos religiosos. En octubre de 2017, la administración Trump emitió un reglamento que exime a los grupos religiosos de cumplir con el decreto del Obamacare.
El gobierno dijo que había sido un error tratar de obligar a Little Sisters y a otros a proporcionar servicios como la píldora del día siguiente en sus planes de salud porque al hacerlo se violaban sus creencias religiosas.
El presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 13798 en mayo de 2017, tomando medidas para proteger los derechos fundamentales de conciencia y libertad religiosa de los estadounidenses.
La OE 13798 establece que todos «los departamentos y organismos ejecutivos (…) en la mayor medida posible y en la medida en que lo permita la ley, respeten y protejan la libertad de las personas y organizaciones para participar en discursos religiosos y políticos».
La congregación Little Sisters y otras organizaciones religiosas no quieren tener que asumir el control de la natalidad. La administración Trump las eximió del decreto, pero el año pasado la Corte de Apelaciones del 3er. Circuito confirmó una orden judicial que bloqueaba la exención.
Pensilvania, el cual no tiene un decreto estatal sobre anticonceptivos, demandó a la administración Trump para que le retirara la exención religiosa, señalando que ya tiene muchos programas gubernamentales propios que proveen anticonceptivos a las mujeres que los buscan. La postura de Pensilvania es que Little Sisters tienen que cumplir con el decreto federal o pagar decenas de millones de dólares en multas.
Texas y otros 15 estados presentaron un escrito de amigo de la corte en apoyo a Little Sisters, al igual que 92 legisladores republicanos, incluyendo a los senadores de EE.UU. John Cornyn de Texas y Lindsey Graham de Carolina del Sur, y los representantes de Estados Unidos, Kevin Brady de Texas y Thomas Massie de Kentucky.
Durante argumentos orales, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, expresó su frustración por el hecho de que la larga disputa legal no se haya resuelto todavía,
«El problema es que ninguna de las partes en este debate quiere que el acuerdo funcione», dijo Roberts a Paul Clement, quien representa a Little Sisters of the Poor. «¿Realmente no hay manera de resolver esas diferencias?»
El procurador General de Estados Unidos, Noel Francisco, argumentó que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa permite las exenciones del decreto.
La Juez Ginsburg no quiso saber nada de eso, juzgando con severidad a Francisco durante la sesión de preguntas y respuestas.
«Usted acaba de lanzar completamente al viento lo que el Congreso pensó que era esencial, que es que las mujeres reciban estos (…) servicios, sin problemas, sin costo alguno para ellas. En cambio, usted está cambiando las creencias religiosas del empleador, el costo de eso, a estos empleados que no comparten esas creencias religiosas».
Francisco dijo que rechazaba la premisa de la pregunta «porque no hay nada en el [estatuto del Obamacare]», como reconoció previamente esta corte en su fallo en Burwell v. Hobby Lobby (2014) «que requiera cobertura anticonceptiva». En esa decisión se sostuvo que las empresas deben quedar exentas del decreto si el ofrecimiento de anticonceptivos entra en conflicto con las creencias religiosas sinceras de sus propietarios.
El fiscal general adjunto de Pensilvania, Michael J. Fischer, dijo a la corte que la otra parte estaba siendo deshonesta.
«Estos argumentos demuestran que no se trata de resolver una larga disputa, sino de afirmar la autoridad de un organismo a expensas del Congreso y las cortes».
El juez Clarence Thomas rompió su habitual silencio durante las audiencias para preguntarle a Clement sobre la proliferación de «decretos judiciales a nivel nacional, como el de este caso».
«Creo que es particularmente inapropiado tener un decreto judicial a nivel nacional en un caso como este», dijo Clement, añadiendo que las cortes no han llegado a decisiones uniformes sobre este decreto anticonceptivo.
«Que un solo juez de una corte de distrito piense que tiene el monopolio del razonamiento aquí» e imponer «un remedio que afecta a la gente en todo el país» es perjudicial, dijo. «Estas órdenes judiciales a nivel nacional ponen en cortocircuito» el proceso judicial «y ejercen una enorme presión sobre esta corte y la obligan a escuchar los casos en posturas de emergencia».
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