El expresidente de Bolivia Evo Morales no puede ingresar a Perú por haberse dedicado en los últimos años a intentar desestabilizar el sur del país, afirmó este miércoles el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.
«Evo Morales sigue con el impedimento (de ingreso) y posiblemente esto no varíe, porque lo que apreciamos desde el Gobierno es que sus participaciones, a través de los últimos años, han sido claramente abocadas a desestabilizar el sur peruano y eso es inaceptable», declaró el ministro en la emisora RPP.
González-Olaechea enfatizó que Perú «es un país unitario (y) seguirá siendo unitario», en referencia a los intentos que ha hecho Morales de unir a la región de Puno, fronteriza con Bolivia, a su proyecto Runasur, una plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas.
«Estamos haciendo muchísimos esfuerzos por la mejoría de las condiciones en Puno y, además, el control de la frontera, que es algo muy necesario», agregó el ministro.
La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó el pasado 30 de enero el impedimento de ingreso a Perú dictado en enero de 2023 contra Morales, al revocar otra resolución judicial que había declarado fundado en parte un recurso de habeas corpus y anulado una alerta migratoria emitida contra el exgobernante.
Fuentes de la Superintendencia de Migraciones señalaron la semana pasada a EFE que este fallo «resalta la soberanía del Estado peruano para regular el ingreso de extranjeros a su territorio» y también «reconoce que la presencia de Evo Morales podría afectar la seguridad interna del país.
El Ministerio del Interior de Perú informó el 9 de enero de 2023 que, a través de Migraciones, había dispuesto «el registro del impedimento del ingreso al país de Evo Morales y de otros ocho ciudadanos bolivianos».
La medida se tomó en medio de las protestas que se desataron contra el gobierno de Dina Boluarte y la clase política peruana, que dejaron decenas de muertos, y tras señalar que se había detectado ingresos al país de ciudadanos bolivianos para «efectuar actividades de índole política proselitistas» que se consideró que afectaban la legislación migratoria, la seguridad nacional y el orden interno.
En noviembre pasado, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado en parte el habeas corpus presentado en favor de Morales, por lo que ordenó declarar la nulidad de la alerta migratoria y que Migraciones emita un dispositivo que regule estas disposiciones «con respecto de los principios y valores constitucionales y democráticos».
Tras una apelación presentada por Migraciones, la Segunda Sala Constitucional concluyó que «el actuar de Migraciones no ha sido arbitrario», ya que la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior identificó a Morales «como propulsor y participante de eventos ideológicos y políticos con aras de desestabilizar el orden interno y hacer frente a los actos del gobierno del Perú».
«La decisión tomada por Migraciones se encuentra plenamente justificada, puesto que existe un informe del Servicio de Inteligencia del cual se desprende que ya se ha calificado al señor Morales Ayma como una persona peligrosa para la seguridad del Estado», agregó el tribunal.
Tras conocerse esa resolución, Morales dijo en la red social X que continuará «levantando la voz» para condenar «la masacre contra el pueblo peruano y por exigir la libertad del hermano (expresidente) Pedro Castillo», con quien mantuvo gran afinidad ideológica.
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