Presos de las cárceles de Cuenca y Azogues, en Ecuador, se amotinaron este miércoles en protesta por la intervención que la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron en la prisión de Latacunga, dentro de la serie de operativos que están realizando para requisar armas en las prisiones, en el marco de un estado de excepción decretado por el Gobierno.
En la cárcel de Turi, situada en las cercanías de la andina ciudad de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, los reos se encaramaron a los tejados y retuvieron a guardias, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el departamento estatal encargado de custodiar y administrar las cárceles de Ecuador.
El SNAI, que no detalló el número de guardias retenidos, confirmó que el motín es en respuesta a la intervención que se realiza en la prisión de Latacunga, capital de la céntrica provincia andina de Cotopaxi.
En torno a la cárcel de Cuenca, llamada oficialmente Centro de Privación de Libertad Azuay Número 1, se desplegaron policías y militares «a fin de hacer frente a cualquier actividad que pueda afectar la seguridad interna» de la prisión.
Horas más tarde del inicio del motín en la prisión de Cuenca, medios locales también reportaron disturbios en la cárcel de Azogues, situada en la también andina provincia de Cañar, colindante con Azuay.
Estas tres cárceles (Latacunga, Cuenca y Azogues) están presuntamente controladas por la banda criminal Los Lobos, por lo que los disturbios en Cuenca y Azogues buscan evitar los operativos en la prisión de Latacunga.
La intervención en el centro carcelario de Latacunga, llamada oficialmente por las autoridades como Centro de Privación de Libertad Cotopaxi Número 1, contó con la participación de 2200 policías y militares.
«Es la sexta intervención que hacemos para sacar armas, municiones y explosivos de los centros penitenciarios y evitar hechos violentos», explicó a través de un mensaje publicado en redes sociales el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso.
Hasta ahora las anteriores intervenciones se habían centrado en el complejo carcelario de Guayas, en la porteña ciudad de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones donde están recluidas unas 12,300 personas.
En esa serie de operativos se decomisó un arsenal de armas en poder de los reclusos, especialmente en la Penitenciaría del Litoral, llamada oficialmente Centro de Privación de Libertad Guayas Número 1, que es la más grande del complejo carcelario de Guayas y, por ende, de todo Ecuador.
El resultado de esas requisas fue la aprehensión de 16 fusiles, tres carabinas, un lanzagranadas, 26,486 balas de diferentes calibres, 63 cargadores, cinco explosivos, 25 granadas de mano, 38.2 kilos de drogas, 680 teléfonos móviles, 34 equipos de comunicación y 8787 dólares en efectivo.
Algunas de esas armas y drogas se hallaron en las oficinas administrativas del Centro de Detención Provisional del mismo complejo carcelario de Guayas, motivo por el que fue detenido su director y otros funcionarios del SNAI, que pasaron a prisión preventiva.
Con estos operativos el Gobierno de Ecuador busca desarmar a las bandas criminales que operan dentro de los centros carcelarios y que por enfrentamientos han asesinado desde 2020 a más de 400 presos en una serie de masacres carcelarias.
Esta violencia del crimen organizado también se ha trasladado a las calles, lo que ha hecho que Ecuador pase en cinco años de 5.8 a 25.32 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en 2022, sumido en una ola que se ha cobrado la vida de políticos, jueces, fiscales y candidatos, como el recientemente asesinado postulante presidencial Fernando Villavicencio.
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