El exentrenador del Real Madrid Jose Mourinho ha ratificado este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha sido condenado a un año de prisión – que no cumplirá- y a una multa de 2.5 millones de dólares (alrededor de 2,2 millones de euros) por eludir el pago de 3.8 millones de dólares ( 3,3 millones de euros).
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el técnico portugués ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en un juicio que apenas ha durado unos minutos, al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado entre la defensa del jugador y la Fiscalía.
Pero al contrario de lo que sucedió con el exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, el juicio de Mourinho no ha trascendido a la prensa, pues ni la Fiscalía ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid informaron previamente de su celebración, como suele ser costumbre con los juicios que suscitan un interés publico.
Tras la vista de hoy, Mourinho acepta ser condenado a un año de prisión, como autor de dos delitos fiscales al defraudar 3,3 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen durante su etapa como entrenador del Real Madrid.
Y también al pago de una multa de unos 2,2 millones correspondiente al 60% de la cuota defraudada, esto es, 1.1 millones de dólares (966.922 euros -2011) y 1.2 millones de dólares ( 1 millón de euros 2012). Para llegar a la cantidad total se suman otros 205.905 dólares (180.000 euros) que sustituyen la pena de prisión.
No obstante, a esta multa penal habrá que descontar los 1,3 millones de dólares (1,14 millones de euros) que pagó en concepto de sanción administrativa, de forma que a Mourinho le quedan pendiente el pago de 1.1 millón de dólares (un millón euros).
Al margen de la multa penal y la administrativa, el exentrenador del Real Madrid abonó en 2015 en concepto de cuotas impagadas de IRPF e intereses la cantidad de 3.760.000 dólares (3.286.890 euros).
Según el acuerdo de conformidad, el técnico cometió dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los ejercicios 2011 y 2012, cuando entrenaba al Real Madrid. La cantidad defraudada asciende a 3.8 millones de dólares (3.304.670 euros, 1.611.537 euros en 2011 y 1.693.133 euros en 2012).
Mourinho suscribió un contrato por el que cedió antes de septiembre de 2004 sus derechos de imagen a la sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas Kooper Services S.A.
Y ese día rubricó un nuevo contrato de cesión de sus derechos de imagen entre Kooper y la irlandesa Multisports & Image Management Limited. Cuatro años después, la sociedad irlandesa suscribió con Polaris Sports Limited, que tenía el mismo domicilio social, un contrato de representación para que buscara y negociara contratos comerciales.
Así, el entrenador creó una estructura societaria «con el objeto de hacer físicamente opacos los beneficios procedentes de sus derechos de imagen».
Mourinho firmó el 31 de marzo de 2010 un contrato de trabajo con el Real Madrid y trasladó su residencia a la capital, motivo por el cual adquirió la condición de residente fiscal en España.
Sin embargo, «con ánimo de obtener un beneficio ilícito», presentó en plazo sus declaraciones de los ejercicios 2011 y 2012 sin declarar sus ingresos procedentes de la cesión de sus derechos de imagen.
El 23 de julio de 2014, Hacienda comunicó a Mourinho que se le iba a investigar sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2010-2012 y de No Residentes de 2013 y aportó los certificados emitidos por Global Directors Limited de los que se desprendía que Operating Nominees Limited ostentaba el 100 % de Kooper.
Fue entonces cuando en su liquidación Hacienda observó que los ingresos percibidos y no declarados por los derechos de imagen eran de 3.7 millones de dólares en 2011 y 3.2 millones de dólares en 2012 (3.249.521 euros en 2011 y 2.805.903 euros en 2012).
El técnico portugués declaró ante el juez el pasado 3 de noviembre de 2017 que se marchó de España en 2013 con la información y con la convicción de que su situación tributaria «estaba perfectamente legal».
«Un par de años más tarde he sido informado de que se ha abierto una investigación y me han dicho que para regularizar mi situación yo tenía que pagar una cantidad ‘x'», dijo ante los medios.
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