El venezolano Jesús Manuel Medina Martínez, uno de los cientos de detenidos después de la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro, falleció bajo custodia del Estado por presuntas complicaciones de salud, según informaron este jueves dirigentes y partidos opositores.
A través de X, el partido Primero Justicia (PJ) denunció «la muerte bajo custodia del preso político», de 36 años de edad, quien fue detenido -aseguró- «por ser testigo electoral» en los comicios de 28 de julio, en los que trabajó a favor del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.
Medina fue detenido, según PJ, «arbitrariamente el 29 de julio por los esbirros del régimen y mientras estaba bajo custodia se complicó de salud por la diabetes tipo II que padecía y un problema cardíaco, requiriendo de urgencia atención médica y esta le fue negada» durante un tiempo que no fue precisado, «significando que lo dejaron morir lentamente».
La noticia fue compartida en redes sociales por organizaciones de derechos humanos, así como por varios partidos y dirigentes del antichavismo, entre ellos los exdiputados Juan Pablo Guanipa, Delsa Solórzano y María Beatriz Martínez, quienes coincidieron al señalar la responsabilidad del Estado en esta muerte.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado explicó que el detenido fue llevado a unos calabozos «infrahumanos» en el estado Anzoátegui (noreste) -donde residía- y allí -aseguró- «fue fuertemente maltratado y estuvo en unas condiciones higiénicas tan precarias que tuvo necrosis en ambas piernas», por lo que fue solicitado su traslado a un hospital.
No obstante, subrayó Machado, «durante meses, le negaron cualquier atención médica alegando que necesitaban permiso de sus superiores en Caracas» y «finalmente, después de tanto tiempo y denuncias, fue trasladado al hospital Luis Razetti», donde los facultativos, «al ver el estado en el que se encontraba Jesús, decidieron que debían amputarle ambas piernas», pero «en medio del procedimiento, esta mañana, falleció».
El pasado domingo, la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció «la falta de atención médica» en este caso, al tiempo que recordó que «negar» la asistencia sanitaria a un privado de libertad «es una violación a los derechos humanos y conlleva responsabilidad individual para quien debe brindarla».
Hasta el momento, el Ejecutivo no se pronuncio sobre el fallecimiento de Medina ni sobre las acusaciones de los opositores y organizaciones que denunciaron el caso.
Luego de que la PUD asegurara que hubo fraude en las presidenciales, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos países, se desató una crisis marcada por protestas y operativos policiales que se saldaron con 2400 arrestos, según el Ejecutivo, aunque las ONG han verificado 1848 casos, entre ellos el de Medina.
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