El militar venezolano, Raúl Isaías Baduel, considerado «preso político» desde su detención en 2009, falleció este martes, a los 66 años de edad, por un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la covid-19, según informó el fiscal general chavista, Tarek William Saab,
«Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio producto del covid-19, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna. Transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos», expresó Saab en su cuenta de Twitter.
El pasado 29 de septiembre, Andreina Baduel, hija del general, denunció el traslado de su padre de los sótanos del Sebin, conocidos como «La Tumba», a otra sede del servicio de inteligencia en Caracas.
«Exigimos constatar sus condiciones, exigimos una fe de vida. Basta ya», escribió Baduel; sin embargo no hubo respuesta oficial a esta petición.
Baduel, quien fue fiel aliado de fallecido Hugo Chávez (1999-2013), fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. También fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.
Posteriormente, se pronunció contra la supuesta deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional de difunto Hugo Chávez, así como de su delfín y sucesor, Nicolás Maduro.
En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena, que se prolongó hasta su muerte, pese a que en 2015 se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería finalizar su pena.
Posteriormente, le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.
Pese a varios indultos a numerosos opositores, Baduel nunca estuvo en las listas de los amnistiados, aunque su nombre sonó con fuerza cuando Maduro concedió medidas de gracia a 110 personas.
Su caso está incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos.
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