El Tribunal Constitucional (TC) de Perú se quedó este martes con seis magistrados tras la repentina muerte de Carlos Ramos Núñez, cuyo voto ha sido clave en recientes decisiones vinculadas a distintos episodios de crisis políticas del país y encarcelamientos de expresidentes y líderes opositores.
Ramos Núñez falleció este martes a los 61 años, según confirmó el mismo Tribunal Constitucional, producto presuntamente de un paro cardíaco sufrido durante la noche.
Pese a la muerte del magistrado, el máximo tribunal de garantías de Perú podrá seguir funcionando ya que el quórum mínimo para las sesiones del pleno es de cinco magistrados, según recordó la presidenta del Tribunal, Marianella Ledesma.
El fallecido jurista e historiador del Derecho era uno de los seis magistrados del Tribunal Constitucional con su periodo de funciones vencido desde 2019 y pendiente de que el Congreso designase a su sucesor.
Precisamente, la renovación del Tribunal Constitucional ha sido el motivo de varias crisis políticas acontecidas en Perú durante los últimos años que motivaron la crucial intervención del máximo intérprete de la Constitución.
En esos fallos históricos tuvo especial relevancia Ramos Núñez, cuyo voto oscilaba en función de cada situación entre el bloque conservador y el bloque progresista que existen dentro del pleno del Tribunal.
Uno de ellos fue el fallo que refrendó la disolución del Congreso por parte del expresidente Martín Vizcarra en 2019, al considerar que se le había negado de manera fáctica una cuestión de confianza presentada para frenar la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Asimismo, el voto de Ramos Núñez también fue decisivo para ordenar en 2019 la liberación de la entonces líder opositora Keiko Fujimori, encarcelada en prisión preventiva por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales.
Un año antes, en 2018, el magistrado votó igualmente a favor de excarcelar al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y a su esposa, Nadine Heredia al considerar excesiva y desproporcionada la prisión provisional impuesta mientras eran investigados por supuesto lavado de dinero en la financiación de sus campañas electorales.
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