Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) murió tras el ataque de una turba que quemó el vehículo patrulla en el que se encontraba en la región sureña de Puno, donde el lunes fallecieron otras 17 personas en manifestaciones violentas, informaron este martes fuentes oficiales.
El deceso fue confirmado por el jefe del comando operativo de la PNP, Jorge Luis Angulo, quien detalló en declaraciones al Canal N que el agente estaba a bordo de un vehículo cuando fue «secuestrado y posteriormente asesinado» y su cuerpo quedó «totalmente calcinado».
Agregó que «en estos momentos se está practicando la necropsia» del cuerpo para determinar la identidad de la víctima y las causas de su muerte, mientras se investiga el caso junto con el Ministerio Público.
Angulo, quien especificó que hay cuatro miembros de la PNP en estado crítico por otros enfrentamientos con manifestantes, lamentó «los altos niveles de violencia» en Puno y los 17 fallecidos que dejó la violenta jornada del lunes, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a «no dejarse engañar» por los «azuzadores».
Sobre la muerte del agente en Puno se pronunció a primera hora de esta mañana el fiscal superior peruano Jorge Chávez Cotrina, quien es coordinador de las Fiscalías especializadas contra el crimen organizado.
«El policía ha sido asesinado, esa es la palabra, por una turba que ha incendiado el patrullero y quedó atrapado dentro y ha fallecido calcinado», declaró Chávez, también en el Canal N.
El Canal N mostró posteriormente imágenes de una patrulla totalmente calcinada en una calle de Puno y señaló que al interior se encontraban los restos del policía y que los atacantes, se apropiaron de dos pistolas y un fusil automático.
El Ministerio del Interior (Mininter) también confirmó luego que una turba «atacó e incendió un patrullero» durante la madrugada de este martes en la ciudad de Juliaca.
«La unidad iba con dos policías a bordo, quienes fueron agredidos por la turba que se apropió de sus armas e incendió luego el vehículo, cerca del cual se halló un cuerpo carbonizado que, hasta el momento, no ha sido plenamente identificado», remarcó.
Agregó que el policía herido, al que identificó como el suboficial de tercera Ronald Villasante, que conducía la patrulla, «logró comunicarse telefónicamente con sus compañeros», a quienes relató el ataque y denunció la desaparición de su compañero, el suboficial de segunda José Luis Soncco.
Villasante también confirmó «la sustracción de las municiones, chaleco antibalas y armas de reglamento que ambos llevaban (dos pistolas Pietro Beretta y un fusil AKM)».
El suboficial indicó que «fueron retenidos y agredidos físicamente por unos 350 manifestantes, desconociendo cuál es la situación de Soncco», y luego fue trasladado a una clínica local «donde se le diagnosticó policontusiones y heridas múltiples en la cabeza, por lo que permanece en observación médica».
«La Fiscalía viene trabajando conjuntamente con la Policía para identificar quiénes están detrás de estos hechos criminales», reiteró Chávez, antes de indicar que una investigación compleja tiene un plazo de 18 meses, pero «obviamente» no van a esperar ese tiempo.
Los sucesos violentos
Al menos 17 manifestantes murieron el lunes en la ciudad puneña de Juliaca en las protestas alrededor del aeropuerto de la localidad, además de un bebé que debía ser trasladado a un centro médico y no pudo llegar por los bloqueos, lo que elevó a 46 la cifra de decesos desde el pasado 11 de diciembre en todo el país.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones generales a 2023.
El primer ministro, Alberto Otárola, denunció, en ese sentido, que hay en marcha un «ataque organizado hacia el Estado de derecho y a las instituciones» y un «golpe de Estado», del que ha responsabilizado a los manifestantes.
Otárola también dijo que el Gobierno anunciará en las próximas horas mayores medidas de seguridad en la región y que una delegación de alto nivel del Ejecutivo viajará este martes a Puno para buscar establecer un diálogo con los manifestantes.
El Gobierno de Puno, una región ubicada casi 1.300 kilómetros al sur de Lima, decretó este martes tres días de duelo en toda su jurisdicción por las muertes en Juliaca, que luego también se extendieron a saqueos y quema de locales públicos y privados en otras ciudades de la región, como Puno e Ilave.
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