La joven birmana herida de un disparo en la cabeza durante una protesta contra el golpe de Estado la semana pasada en Naipyidó falleció este viernes en el hospital, y se convirtió en la primera víctima mortal de la represión de la junta militar al movimiento de desobediencia civil.
Mya Thwe Thwe Khine, de 20 años, falleció en la mañana del viernes al serle retirada la asistencia vital con el permiso de su familia, después de pasar diez días en estado crítico en un hospital de la capital, informó su médico a la organización Human Right Watch (HRW).
La joven fue abatida el pasado 9 de febrero por un disparo en la cabeza realizado con un subfusil tipo Uzi mientras participaba en una protesta contra la junta militar.
Según los análisis de vídeos y fotografías elaborados por varias organizaciones humanitarias, la joven se alejaba junto a su hermana de la primera línea de la manifestación, que la Policía trataba de disolver con cañones de agua.
En ese momento, sonó un disparo y Mya Thwe Thwe Khine, a la que le faltaban unos días para cumplir 20 años, se desplomó en el suelo.
Se trata de la primera muerte de un manifestante por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra los participantes en las protestas, que se han extendido por todo el país para mostrar su rechazo al golpe de Estado ejecutado por el Ejército el pasado 1 de febrero.
Munición real
Aunque los militares aseguraron que solo se desplegaron armas no letales en esa protesta, tanto Amnistía Internacional como HRW certificaron que la joven recibió un impacto en la cabeza de munición real disparada por las fuerzas de seguridad y pidieron una condena internacional de los hechos.
En la misma protesta, un hombre fue herido en el pecho, pero no se ha averiguado si recibió el impacto de una bala real o de goma.
Tras su fallecimiento, el cuerpo de la joven, que cumplió 20 años mientras se encontraba ingresada, fue trasladado desde el hospital hasta el tanatorio.
La hermana de la fallecida, que también confirmó el deceso a los medios locales, hizo un llamamiento desde allí para que «la gente mantenga la revolución hasta que tenga éxito».
Phil Robertson, subdirector de HRW en Asia afirmó que «la Policía en Naipyidó tiene las manos manchadas de sangre y se le debe hacer responsable de la muerte de Mya Thwe Thwe Khine, que fue matada de un tiro con munición real durante una protesta».
«Este asesinato policial es intolerable e inaceptable, no hay otras palabras. El agente que apretó el gatillo debe ser investigado, arrestado y procesado con todo el peso de la ley. Es la única forma adecuada de honrar la memoria de esta joven valiente», recalcó.
Por su parte, Sam Dubberley, director del Laboratorio de Evidencias de Amnistía Internacional, denunció que los daños sufridos por la joven fueron causados por los disparos directos de munición real de la Policía contra los manifestantes.
«La Policía apuntó a los manifestantes de forma temeraria, sin respeto por sus vidas, ni su seguridad. Su uso aberrante de fuerza letal contra los manifestantes es ilegal, y debe parar inmediatamente. Mientras las protestas continúan es vital que se respete el derecho de la gente a expresar de forma pacífica sus quejas», declaró.
El fallecimiento de la joven llega mientras continúan las protestas por todo el país contra el levantamiento militar y para exigir la liberación de la líder electa, Aung San Suu Kyi, que fue detenida junto a parte del Gobierno el mismo día de la asonada.
La junta militar ha respondido al movimiento de desobediencia civil, que incluye huelgas en la administración y otros sectores, con el despliegue de soldados en las calles, cortes nocturnos de internet a diario y varias leyes que han mermado los derechos de los ciudadanos.
Además de la contestación interna, las acciones de la junta militar están enfrentándose a la presión exterior, con sanciones para tres altos cargos militares anunciadas el jueves por parte de Reino Unido en coordinación con Canadá por sus «graves violaciones de los derechos humanos».
Estados Unidos fue el primero en censurar la semana pasada el golpe de Estado e imponer sanciones contra el general Min Aung Hlaing, otros nueve oficiales y tres empresas vinculadas al Ejército, mientras la Unión Europea (UE) tiene previsto analizar la posibilidad de aprobar una batería de sanciones.
La junta militar justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.
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