Una mujer latina residente de Texas que fue arrestada en 2022 por asesinato tras un aborto autoinducido, demandó la semana pasada a dos fiscales de distrito del condado de Starr por ejecutar una sentencia en su contra que luego fue desestimada.
Lizelle Herrera, ahora Lizelle González, de 26 años, entabló una demanda contra la fiscal Gocha Allen Ramirez y la fiscal adjunta Alexandria Lynn Barrera, por daños a su imagen que le causaron el arresto que duró dos días y la cobertura mediática que se extendió por todo el país en ese momento.
La “humillación de una acusación y un arresto muy publicitados” ha “afectado permanentemente su posición en la comunidad”, según una nueva demanda federal presentada el jueves.
La mujer pide en su demanda USD 1 millón por daños y perjuicios, argumentando que la “humillación de una acusación y un arresto muy publicitados” ha “afectado permanentemente su posición en la comunidad”, según Texas Tribune.
González tenía 19 semanas de embarazo en abril de 2022, cuando fue al Hospital Memorial del Condado de Starr por una emergencia. El médico de urgencias le realizó un examen obstétrico en la sala de emergencias del hospital, y luego ella confesó que había tomado misoprostol, un medicamento para inducir el aborto. Al poco tiempo fue dada de alta con dolor abdominal.
Al día siguiente regresó sangrando y durante la revisión no se encontraron latidos fetales. Los médicos realizaron una cesárea para sacar a un bebé muerto.
La demanda además, aduce que el hospital violó los derechos de privacidad al informar a la oficina del fiscal de distrito sobre el aborto inducido. La fiscal realizó de inmediato una investigación y presentó cargos de asesinato contra González.
Doce ciudadanos asignados se reunieron en el palacio de justicia del condado de Starr en ese momento, para evaluar si había motivos para creer que se había cometido un asesinato.
Luego se realizó una audiencia, en la que un gran jurado local decidió que se debía acusar a González de asesinato por «aborto autoinducido».
González fue arrestada el 9 de abril de 2022 con una fianza de USD 500,000 e ingresó a la cárcel del condado de Starr. Dos días después González fue liberada tras una moción presentada por la oficina de la fiscal Ramirez, que desestimó la acusación en su contra debido a las leyes federales de Texas, que dicen que las mujeres que buscan un aborto están exentas de cargos penales.
La acusación ocurrió antes de la anulación de la ley Roe vs. Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que establecía que una mujer embarazada podía elegir abortar, en todo el país, sin excesivas restricciones gubernamentales.
Además, las leyes de Texas, de ese momento y ahora, no permiten que se presenten cargos de asesinato contra una mujer embarazada que se somete a un aborto.
«Al revisar este caso, queda claro que el Departamento del Alguacil del Condado de Starr cumplió con su deber al investigar el incidente que el hospital denunciante puso en su conocimiento. Ignorar el incidente habría sido una negligencia de su deber», escribió Ramirez en el comunicado de desestimación.
A finales de febrero de este año, la fiscal Gocha Allen Ramirez fue sancionada por parte del Colegio de Abogados de Texas, por presentar cargos contra González. Tendrá que pagar una multa de UDS 1250 y se le mantendrá suspendida su licencia durante 12 meses.
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