Un juez ordenó al estado de Washington pagar más de USD 100 millones en multas luego de determinar que los funcionarios estatales no proporcionaron servicios de salud mental adecuados a las personas con enfermedades mentales en la cárcel.
El fallo se deriva de una demanda federal presentada en nombre de personas con discapacidades mentales que fueron acusadas de delitos y a las que un juez ordenó someterse a una evaluación de competencia. Si son declarados incapaces para enfrentar los cargos, el Estado debe prestarles servicios para restablecer su capacidad para comparecer en juicio.
La jueza federal de distrito Marsha Pechman, en una orden el viernes por la noche (pdf), declaró al estado en desacato y dijo que el Departamento de Servicios Sociales y de Salud de Washington ha estado haciendo que las personas con enfermedades mentales acusadas de delitos esperen en las cárceles durante largos periodos de tiempo para que se les evaluara su competencia, violando así sus derechos constitucionales.
La Sra. Pechman dijo que el departamento había incumplido una orden judicial preliminar que exigía evaluaciones de competencia ordenadas por una corte para los que estaban en la cárcel en un plazo de 14 días, y para los que estaban en hospitales estatales en un plazo de siete días. Las personas declaradas incompetentes para comparecer en juicio deben ser ingresadas para recibir servicios de rehabilitación en un plazo de siete días.
Según la demanda, la falta de financiación, de personal y de camas en los centros de salud mental provocó los largos tiempos de espera. La Sra. Pechman dijo en su sentencia que la razón principal de la situación era la «propia falta de previsión, creatividad, planificación y respuesta oportuna del departamento a una crisis creada por él mismo”.
El estado de Washington firmó un acuerdo de conciliación en 2018 y acordó abordar los tiempos de espera. Pero solo han crecido más, dijo Pechman.
También señaló que el estado de Washington fue declarado previamente en desacato por violar el acuerdo de conciliación en otras dos ocasiones, lo que resultó en USD 400 millones en multas. El departamento ha pagado unos USD 100 millones de esas multas.
El resto se dejó en suspenso con la esperanza de que se cumpliera, pero el juez ordena ahora al estado que pague USD 100 millones de esas multas.
La Sra. Pechman dijo que en lugar de proporcionar más espacio en sus hospitales psiquiátricos, el estado retiró las camas civiles en uno de los hospitales y cerró pabellones.
“La Corte no está convencida de que [el Departamento de Servicios Sociales y de Salud de Washington] planeó adecuadamente y tomó medidas razonables para abordar la escasez de camas”, dijo la Sra. Pechman.
Norah West, portavoz del Departamento de Servicios Sociales y de Salud de Washington, dijo que los funcionarios estaban “evaluando el fallo y comprendiendo lo que la corte quiere que hagamos”.
Beth Leonard, abogada de Disability Rights Washington, dijo en un comunicado el sábado que la orden “realizará mejoras reales en un plazo razonable para los habitantes de Washington más vulnerables”.
The Associated Press contribuyó a este artículo.
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