El Senado de Colombia aprobó una reforma constitucional para que en ningún caso el narcotráfico, el secuestro y las agresiones sexuales sean considerados delitos políticos o conductas conexas a estos, informaron este miércoles fuentes oficiales.
El Ministerio de Justicia explicó que esta disposición solo podrá ser aplicada en próximos procesos de paz, por lo cual los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo firmado con el Gobierno en noviembre de 2016 no se verán afectados por la medida.
«Cabe anotar que la reforma tampoco afectará o generará inseguridad a los desmovilizados de las FARC en virtud del pacto que suscribieron con el Estado para dejar sus armas, ya que se excluye su aplicación al Acuerdo Final», detalló esa cartera en un comunicado.
El proyecto, presentado por el senador oficialista Santiago Valencia, pasó a sanción presidencial tras haber superado los ocho debates que se exigen para los actos legislativos.
La iniciativa, agregó la información, fue abordada desde una perspectiva jurídica que «trata de ponerle límites al desbordado alcance que se le ha querido dar al delito político y sus consecuencias» y trata de «dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de Colombia con respecto del secuestro, las conductas relacionadas con el narcotráfico y la protección de los niños».
«Si en una eventualidad futura hay un proceso nuevamente con grupos al margen de la ley, jamás podrán volver a quedar en la impunidad delitos como el narcotráfico y el secuestro», manifestó por su parte la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a periodistas.
La funcionaria agregó que esta iniciativa fue liderada por el presidente colombiano, Iván Duque, desde que era candidato y que el proyecto fue radicado en el Congreso el 8 de agosto del año pasado, un día después de que el mandatario asumiera su cargo.
En su investidura, Duque planteó la reforma constitucional para que el narcotráfico y el secuestro no sean considerados «delitos conexos al delito político».
«Sencillamente debemos dejar claro que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa», manifestó entonces.
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