Nevada se convirtió el jueves en el primer estado de Estados Unidos en imponer un cargo adicional a los trabajadores que no se hayan vacunado contra COVID-19. La sanción entrará en vigor a mediados del próximo año.
Todos los miembros de la Junta del Programa de Prestaciones para Empleados Públicos del estado, excepto dos de ellos, votaron en una reunión para aprobar un cobro de 55 dólares al mes a los trabajadores no vacunados.
La propuesta aprobada también estipula un cargo de 175 dólares al mes para los cónyuges, parejas y dependientes de los trabajadores mayores de 18 años, lo cual podría ajustarse más adelante.
Los cargos adicionales entrarán en vigor el 1 de julio de 2022.
Estos ayudarán a compensar los costos de las pruebas de detección de COVID-19, dijo Laura Rich, ejecutiva de la junta.
Los costos de las pruebas hasta septiembre se estimaron en 3.3 millones de dólares.
La junta no analizó el costo de las hospitalizaciones por COVID-19 en la propuesta porque eso habría hecho que la prima a los cónyuges y dependientes fuera «significativamente mayor», dijo Rich. Las normas estatales prohíben que un cargo adicional a los trabajadores sea más alto.
El Departamento de Trabajo de Nevada publicó el mes pasado una guía en la que decía que los cobros eran legales, y Rich los comparó con los cargos adicionales impuestos a los fumadores en los planes del pasado.
Las exenciones están disponibles por razones religiosas o médicas, como lo requiere la ley.
Los participantes en la reunión y los que presentaron declaraciones por escrito se pronunciaron en contra de la propuesta antes de la votación.
«Creo que el cargo adicional propuesto es inapropiado y excesivo», dijo en una declaración Ellen Crecelius, una de las personas del público, indicando que muchas personas no vacunadas gozan de inmunidad natural, es decir, de la protección que se obtiene después de haberse recuperado de COVID-19.
Shanna Cobb-Adams dijo que ya paga USD 255,06 al mes. Los nuevos cobros aumentarían esa cantidad en un 90 por ciento. Ella expresó su preocupación por el hecho de que su hijo de 18 años de edad reciba una vacuna cuando los estudios muestran que los jóvenes varones tienen un riesgo elevado de desarrollar inflamación del corazón después de recibir una vacuna, mientras que COVID-19 plantea poco riesgo para los jóvenes sanos sin condiciones de salud subyacentes graves.
Otra de las personas dijo que el gobernador Steve Sisolak, demócrata, es quien está obligando a los trabajadores a hacerse pruebas semanales si no se vacunan. «Los no vacunados no deberían pagar la factura de las decisiones injustas de la agencia», indicó por escrito. «El hecho es que tanto los empleados vacunados como los no vacunados pueden contraer y propagar el virus por igual, sin embargo, el estado ha decidido penalizar solo a los no vacunados, injustamente».
Algunos miembros de la Junta del Programa de Prestaciones para Empleados Públicos expresaron su oposición a la propuesta y dos votaron en contra.
Varios residentes de Nevada sí apoyaron la medida. «Los antivacunas deberían pagar por su elección, ya que su libertad no es gratuita», dijo uno de ellos.
El director de política del gobernador Sisolak, DuAne Young, dijo que la pandemia «se ha cargado sobre los hombros de todos».
«Ahora esta carga en particular —las pruebas de detección del virus— debería recaer sobre aquellos que se niegan a (vacunarse)», añadió Young.
Algunas empresas impusieron cargos adicionales, pero a nivel de estado no se había aplicado esta medida antes del jueves.
Los debates con las entidades que impusieron este tipo de sanciones apuntaban a beneficios como el aumento del porcentaje de trabajadores vacunados y la compensación de los costos crecientes, dijo Rich. Si la junta no aprobaba los cargos extras, tendría que aumentar las primas de todos los trabajadores, independientemente de su estado de vacunación, dijo.
Se espera que los ingresos obtenidos por los cargos sean de unos 18 millones de dólares al año. Los costos de las pruebas de detección se calculan entre 12 y 24 millones de dólares.
Antes de la votación, los representantes de la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y del Condado y la Alianza del Profesorado de Nevada dijeron que los sindicatos no se pronunciarían sobre la propuesta.
Terri Laird, en representación de los Empleados Públicos Jubilados de Nevada, dijo que la organización también era neutral en relación a los cargos extras.
Sin embargo, ella advirtió a los miembros que los costos adicionales podrían «agobiar mucho a los empleados».
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