Con el apoyo de otros 14 estados, New Hampshire demandó a Massachusetts luego de que el estado de las bahías cobrara impuestos a los residentes de New Hampshire que trabajan de forma remota desde su estado de origen para empleadores ubicados en Massachusetts, una práctica que New Hampshire dice que es ilegal.
«La postura actual de Massachusetts está muy lejos del llamado de nuestro país a ‘no cobrar impuestos sin representación’, lo cual ellos parecen haber olvidado que se originó en su estado», dijo el gobernador republicano Chris Sununu, en un comunicado el 23 de diciembre.
«Nosotros seguimos confiando en que la Corte Suprema de los Estados Unidos se ocupará de este caso de importancia nacional y que impondrá el estado de New Hampshire».
La disputa surge de un proceso que comenzó cuando Massachusetts emitió una orden de emergencia con efecto retroactivo el 10 de marzo, cerca del comienzo de la pandemia. El estado, preocupado por la pérdida de ingresos por concepto de impuestos sobre la renta de los aproximadamente 100,000 residentes de New Hampshire que antes de la pandemia se trasladaban a trabajar en Massachusetts, emitió una regla tributaria de emergencia que exigía a las personas que aún eran empleados de empresas en Massachusetts que sigan pagando impuestos sobre la renta a Massachusetts aunque ya no trabajen físicamente allí. Posteriormente, la regla temporal se prorrogó indefinidamente.
Esta medida enfureció a los residentes y funcionarios de New Hampshire. A diferencia de Massachusetts que cuenta con altos impuestos, New Hampshire no tiene impuestos estatales sobre la renta o las ventas como parte de una estrategia intencional para seguir siendo económicamente competitivo con otros estados.
La demanda de New Hampshire se inició «para rectificar» la «conducta inconstitucional y extraterritorial de Massachusetts, la cual ignora las decisiones políticas deliberadas y únicas que únicamente debe tomar New Hampshire», según los documentos judiciales.
Invocando la jurisdicción original del tribunal superior para resolver disputas entre los estados, el caso–New Hampshire v. Massachusetts, con expediente judicial Nº 22O154–se inició mediante un proyecto de ley de querella el 19 de octubre, pero los 14 estados no presentaron sus escritos amicus curiae en apoyo de la postura de New Hampshire hasta esta semana. Esos estados son Arkansas, Connecticut, Hawaii, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Missouri, Nebraska, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Texas y Utah.
En el proyecto de ley, el cual el Tribunal Supremo aún no ha aceptado examinar, New Hampshire acusa a Massachusetts de «un ataque directo a una característica definitoria de la soberanía del estado de New Hampshire».
«Durante décadas, New Hampshire ha tomado la decisión política deliberada de rechazar un impuesto sobre la renta del trabajo personal o un impuesto general sobre las ventas generalizado. New Hampshire no solo es una isla entre los estados de Nueva Inglaterra, sino que esta opción diferencia a New Hampshire de casi todos los demás estados de la unión. De hecho, solo otro estado, Alaska, tiene esa estructura fiscal».
La opción de la política de New Hampshire «ha dado como resultado, en promedio, un mayor ingreso per cápita, menor desempleo, y una ventaja competitiva para atraer nuevos negocios y residentes».
«Tras décadas de práctica constante, Massachusetts ahora grava los ingresos obtenidos totalmente fuera de sus fronteras», dice la queja.
«A través de su acción sin precedentes, Massachusetts impuso unilateralmente un impuesto sobre la renta dentro de New Hampshire que New Hampshire, en su discreción soberana, ha decidido deliberadamente no imponer».
Según la demanda, Massachusetts adoptó una regulación de emergencia temporal el 21 de abril, declarando que los ingresos de no residentes recibidos por servicios prestados fuera de Massachusetts estarían sujetos al impuesto sobre la renta de ese estado. La regulación se aplicó retrospectivamente a partir del 10 de marzo, pero se extendió en julio y se adoptó como regla final a partir del 16 de octubre.
«Esta afirmación extraterritorial del poder tributario es inconstitucional», afirma la demanda.
«Massachusetts reclama la autoridad para cobrar impuestos a los residentes de New Hampshire que obtienen sus ingresos de actividades que realizan únicamente dentro de New Hampshire. Por ejemplo, el salario completo de un residente de New Hampshire que se trasladó a trabajar a tiempo completo en Boston en febrero, pero que no ha puesto un pie en la Mancomunidad durante más de ocho meses sigue estando sujeto al impuesto sobre la renta del estado de Massachusetts como si siguiera trabajando todos los días en Boston».
Citando tanto la Cláusula de Comercio como la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución de EE.UU., la Corte Suprema «ha reconocido desde hace tiempo que los estados tienen un poder limitado para gravar a los no residentes».
«Al gravar los ingresos obtenidos completamente fuera de sus fronteras, Massachusetts somete a [New Hampshire] a una confiscación simple pero inconstitucional».
Cuando se presentó la demanda, Sununu dijo que esperaba que New Hampshire se imponga en la Corte Suprema.
«Massachusetts no puede equilibrar su presupuesto a costa de nuestros ciudadanos y castigar a nuestros trabajadores por trabajar desde casa para mantenerse seguros a ellos mismos, a sus familias y a quienes los rodean. Vamos a luchar contra este intento inconstitucional de cobrar impuestos a nuestros ciudadanos en cada paso del camino, y vamos a ganar».
Massachusetts rechazó las afirmaciones de New Hampshire, argumentando que el estado carece de capacidad legal para presentar el caso.
Massachusetts dijo en un escrito de oposición presentado por la abogada oficial, la procuradora estatal Elizabeth N. Dewar, que su estado no estaba perjudicando al estado de New Hampshire, y que cualquier demanda debería ser presentada por residentes individuales de New Hampshire, no por el estado.
Citando precedentes jurídicos existentes, ella argumentó que, «en el fondo, New Hampshire está ‘simplemente litigando como voluntario los reclamos personales de sus ciudadanos’ que están empleados en Massachusetts (…) y la supuesta ‘amenaza de invasión’ de sus propios derechos no es ‘de magnitud grave ni (…) establecida por pruebas claras y convincentes'».
Dewar también afirmó falsamente que el cambio de impuestos, una regla final, era simplemente una «regulación temporal».
The Epoch Times se contactó a Dewar para solicitar comentarios en la víspera de Navidad, pero le informaron que estaba fuera de la oficina.
El abogado Joseph D. Henchman, quien presentó un escrito amicus curiae en nombre de la National Taxpayers Union Foundation, Americans for Tax Reform y otros 15 grupos, dijo que era optimista sobre las perspectivas del caso.
Dos de los jueces, Samuel Alito y Clarence Thomas, «siempre votan para aceptar acciones originales entre dos estados, por lo que necesitamos tres jueces más», dijo Henchman a The Epoch Times en un correo electrónico.
«El hecho de que incluso Nueva Jersey instó a la Corte a tomar el caso (y dictaminar a favor de New Hampshire) muestra que Massachusetts está en un lío».
No está claro cuándo tomará el caso la corte.
«La Corte puede decidir tomar el caso en cualquier momento a partir de ahora, ya que todos los escritos de todos han sido presentados», dijo Henchman.
«La Corte suele tomar esas decisiones en su reunión de conferencia semanal entre los jueces, la siguiente es el 8 de enero. Pero es la Corte Suprema; una mayoría de cinco jueces puede actuar en las mociones en cualquier momento».
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