La Legislatura de California aprobó un proyecto de ley el 28 de agosto que permite a los inmigrantes ilegales acceder a los programas que proporcionan dinero para el pago inicial, como compradores de vivienda por primera vez.
El proyecto de ley Assembly Bill 1840, presentado por el asambleísta Joaquín Arámbula, prohíbe que el California Dream for All (Sueño de California para Todos) y otros programas de asistencia para la vivienda excluyan a solicitantes basándose en su estatus migratorio.
«Los beneficios sociales y económicos de la propiedad de la vivienda deben ser accesible a todos, independientemente de su estatus migratorio», dijo Arambula en el pleno de la Asamblea 28 de agosto. «Tenemos que recordar que somos una nación de inmigrantes. Este es un proyecto de ley sobre la equidad».
Los legisladores crearon el programa Sueño para Todos a través de acciones legislativas en 2021 y 2022 que ordenaron a las agencias estatales desarrollar un marco para mejorar la asequibilidad de la propiedad de vivienda para los californianos que ganan ingresos bajos y medios.
El programa proporciona hasta un 20% del precio de compra —con un máximo de 150,000 dólares— en lo que se conoce como préstamo de revalorización compartida, en el que los propietarios devuelven los fondos prestados y una parte del valor de revalorización de la vivienda cuando la venden.
Cuando el programa ofreció préstamos por primera vez en 2023, los solicitantes desbordaron el sistema, y los 300 millones de dólares asignados se agotaron a las dos semanas de su lanzamiento.
Un colega en la Asamblea agradeció al autor por presentar la medida.
«Este proyecto de ley (…) humaniza la gran población que contribuye enormemente a nuestra economía robusta», declaró el asambleísta Eduardo García mientras se debatía el proyecto de ley el 28 de agosto. «Se trata de un proyecto de ley sencillo (…) que añade un elemento humano al estatuto (…) que debería haberse hecho hace mucho tiempo».
Otro colega destacó los miles de millones de dólares en impuestos pagados por cientos de miles de inmigrantes ilegales en California.
«Las personas que califican (…) deben tener acceso a los mismos programas que están contribuyendo a financiar», dijo la asambleísta Wendy Carrillo antes de votar a favor del proyecto de ley el miércoles.
Los grupos que apoyan el proyecto de ley incluyen la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la Unión Americana de Libertades Civiles de Acción de California, y el Centro Occidental sobre la Ley y la Pobreza, entre otros.
Aunque ninguna organización figura en los análisis legislativos que se oponen al proyecto de ley, la medida experimentó el rechazo de algunos legisladores en las audiencias previas del comité y en las salas del Senado y la Asamblea.
Algunos críticos del proyecto de ley dijeron que la cantidad limitada de fondos en el programa es una de las razones por las que los ciudadanos deben ser priorizados sobre los inmigrantes ilegales.
«No es justo», dijo el asambleísta Tom Lackey mientras se debatía el proyecto de ley el 28 de agosto. «Este no es el camino correcto. Desafía la responsabilidad».
Una legisladora, nieta de inmigrantes legales, declaró que los programas del estado que están proporcionando atención médica gratuita, alimentos, y ahora potencialmente préstamos para el pago inicial, están incentivando la inmigración ilegal.
«Los inmigrantes ven las políticas actuales de California como un cartel gigante de bienvenida», dijo la asambleísta Kate Sánchez antes de votar en contra de la propuesta. «Esto no es ciencia espacial. Si uno está dando cosas gratis, más gente va a venir».
Otro crítico indicó que el proyecto de ley está alentando a otros a hacer caso omiso de las leyes federales de inmigración y es injusto para aquellos que entraron en el país legalmente.
«Realmente es ofensivo», declaró el asambleísta Bill Essayli mientras instaba a los legisladores a rechazar el proyecto de ley el miércoles. «Realmente siento que es una bofetada a los inmigrantes legales cuando incentivamos la violación de nuestras leyes y la normalización de estar en este país ilegalmente».
El proyecto de ley aprobado 27 de agosto en el Senado en una votación de 25-14 y en una votación de 45-15 en la votación de la Asamblea el miércoles.
Con el proyecto de ley ahora aprobado por la legislatura, el gobernador de California Gavin Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para firmarlo o vetarlo.
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