La administración del gobernador Gavin Newsom confía en que una nueva ley de California prevalecerá aunque un juez federal bloqueó su aplicación en un fallo preliminar el 2 de octubre, según declaró un portavoz de la oficina de Newsom a The Epoch Times.
El juez federal John A. Mendez, de la Corte del Distrito Este de California, dictó una medida cautelar que bloquea la ley contra los contenidos falsos relacionados con elecciones y candidatos.
Newsom firmó la Ley de la Asamblea 2839 el 17 de septiembre. Esta ley prohíbe la distribución de contenidos electorales engañosos «con malicia» en los 120 días anteriores a unas elecciones y, en determinados casos, 60 días después.
La ley también autoriza a los destinatarios y sujetos de comunicaciones deepfake creadas por inteligencia artificial a interponer demandas contra el distribuidor.
En su decisión de bloquear la ley, Méndez afirmó que probablemente viola la Primera Enmienda y que el texto de la ley es demasiado amplio.
«La mayor parte de la AB 2839 actúa como un martillo en lugar de un bisturí, sirviendo como una herramienta contundente que obstaculiza la expresión humorística y sofoca inconstitucionalmente el intercambio libre y sin restricciones de ideas, vital para el debate democrático estadounidense», escribió.
El Estado recurrirá la sentencia, y el equipo del gobernador espera que la corte anule la medida cautelar.
Un portavoz de la oficina del gobernador declaró a The Epoch Times el 2 de octubre: «Los deepfakes amenazan la integridad de nuestras elecciones, y estas nuevas leyes protegen nuestra democracia al tiempo que preservan la libertad de expresión, de una manera no más estricta que las de otros estados, incluido el rojo profundo de Alabama. Confiamos en que los tribunales mantendrán la capacidad del estado para regular este tipo de deepfakes peligrosos y engañosos. La sátira sigue viva en California, incluso para los que no entienden la broma».
El asunto saltó a la atención nacional el 27 de julio, cuando el multimillonario Elon Musk volvió a publicar en su plataforma de redes sociales X un vídeo deepfake de la vicepresidenta Kamala Harris.
Newsom dijo en una publicación del 29 de julio que manipular las voces, como se hizo en el vídeo, debería ser ilegal y que promulgaría leyes para garantizarlo.
El creador del vídeo, Christopher Kohls —conocido como «@MrReaganUSA» en las redes sociales— demandó al Estado y solicitó una medida cautelar el día que se promulgó la ley AB 2839, alegando que la ley vulnera su derecho de expresión y es «inconstitucionalmente vaga».
Los abogados del Estado argumentaron que la ley es constitucional porque difundir falsedades puede causar daños tangibles y, por tanto, es ilegal.
En la sentencia, el juez desestimó el argumento del Estado, considerando que las falsedades que causan daños tangibles —incluidas las mentiras sobre el gobierno— son «precisamente los tipos de expresión» que la Constitución protege.
La corte también dio la razón al demandante, citando el precedente de múltiples sentencias estatales y de la Corte Suprema que defienden la creencia de que la Primera Enmienda protege a los ciudadanos frente a la restricción de la libertad de expresión por parte del gobierno.
Méndez también consideró que la ley era demasiado amplia, señalando que los gobiernos deben utilizar otros medios para lograr sus intereses, prefiriendo el contra-discurso a la censura.
«Aunque California tiene un interés válido en proteger la integridad y la fiabilidad del proceso electoral, la ley AB 2839 es inconstitucional porque carece de la estricta adaptación y de la alternativa menos restrictiva que una ley basada en el contenido requiere bajo un escrutinio estricto», dice la sentencia.
Los avances tecnológicos no alteran las protecciones ofrecidas por la Primera Enmienda, dictaminó la corte, afirmando que el derecho del pueblo a criticar a los funcionarios electos está garantizado independientemente del medio de expresión.
«Los precedentes de la Corte Suprema ponen de manifiesto que, si bien el temor fundado a un panorama mediático manipulado digitalmente puede estar justificado, este temor no otorga a los legisladores una licencia ilimitada para arrasar la larga tradición de crítica, parodia y sátira protegida por la Primera Enmienda», escribió Méndez.
Dictaminó que las publicaciones en las redes sociales son similares a los anuncios en los periódicos y a las caricaturas políticas de épocas anteriores.
«La Primera Enmienda protege el derecho del individuo a expresarse, independientemente del nuevo medio que puedan adoptar estas críticas», afirmó.
La corte también rechazó por inconstitucional otra cláusula de la ley que exige que los vídeos de parodia y sátira incluyan cláusulas de exención de responsabilidad.
«En el caso de los vídeos de parodia o sátira, la AB 2839 exige que se emita un descargo de responsabilidad durante toda la duración del vídeo en un texto que no sea más pequeño que el tamaño de letra más grande utilizado en el vídeo», dijo Méndez. «En el caso del demandante Kohls, este requisito hace que su video sea casi imposible de ver, obstruyendo la totalidad del fotograma».
Concluyó que California está obligada a proteger los derechos garantizados por las constituciones estatal y federal.
«El interés de California y las dificultades a las que se enfrenta el Estado son mínimas si se comparan con la gravedad de los valores de la Primera Enmienda que están en juego y las continuas violaciones constitucionales que el demandante y otros creadores de contenidos en situación similar experimentan al ver limitada su libertad de expresión», escribió Méndez.
Los asesores de la Comisión Judicial del Senado del estado previeron desafíos legales a la AB 2839 cuando consideraron el proyecto de ley en junio.
«Como el proyecto de ley prohíbe ciertas formas de expresión, implica la protección de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aplicada a los estados por la Decimocuarta Enmienda», escribieron los asesores en su análisis legislativo. «Los tribunales de California han dejado claro que la expresión política en el contexto de las campañas de cualquier tipo debe gozar de una amplia latitud. … Este proyecto de ley implica tanto el derecho a hablar sobre las elecciones, como el derecho a recibir información sobre ellas».
Llegaron a la conclusión de que el proyecto de ley estaba lo suficientemente «adaptado» como para superar el escrutinio judicial.
Los detractores de la legislación argumentaron que la ley supondría una carga para aquellos que, sin saberlo, compartieran tales contenidos pero no fueran responsables de la creación de ningún deepfake.
«Reconocemos la complejidad de los problemas que plantean los contenidos electorales generados artificialmente y potencialmente perjudiciales», afirmó en un análisis legislativo la Electronic Frontier Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de las libertades civiles. «Al extenderse más allá de los editores directos del contenido y hacia los reeditores, la A.B. 2839 carga y hace responsables a los reeditores de contenido de una manera que ha sido declarada inconstitucional».
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