Los funcionarios de California pronto tendrán que evitar votar sobre temas en los que los donantes de su campaña tengan intereses financieros.
El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la semana la ley del Senado 1439, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2023.
El proyecto de ley SB 1439, escrito por el Senador Steven Glazer (D-Orinda), ordena un período de bloqueo de 12 meses entre una donación de campaña de más de USD 250, aceptada por un funcionario local o estatal, y la participación del funcionario en la aprobación de un artículo que podría beneficiar al donante, sin importar cuál evento ocurra primero.
La ley también permite que un funcionario que haya violado la regla sin saberlo o sin querer, resuelva la situación devolviendo la donación dentro de los 30 días de enterarse del conflicto de intereses.
Los donantes en proceso de obtener «una licencia, permiso u otro derecho» también deben divulgar cualquier contribución realizada en el último año.
Los infractores se enfrentarán a multas de hasta USD 5000 por infracción.
Después de que se firmó la legislación, California Common Cause, una organización no partidista cuyo objetivo es promover gobiernos locales responsables, según su sitio web, celebró la noticia en las redes sociales.
“Estamos construyendo una democracia más fuerte. Nuestro proyecto de ley para limpiar los escándalos de corrupción de pay2play en los gobiernos locales acaba de convertirse en ley”, escribió el grupo en Twitter. «La [SB 1439] asegura que los políticos locales estén al servicio del interés público, no de los intereses especiales».
La nueva ley es una expansión de la Ley Levine de 1982 del estado, que solo requiere un lapso de 3 meses y excluye a los cuerpos legislativos electos como los ayuntamientos, las juntas de supervisores de los condados y la Legislatura, según un análisis del proyecto de ley en el Senado, el 31 de agosto.
En el ámbito de las ciudades, algunas ya tienen prohibiciones sobre las contribuciones de campaña de los desarrolladores y contratistas de la ciudad, incluidas Costa Mesa, Los Ángeles, Malibú, Pasadena, San Francisco, Santa Ana y Yorba Linda.
En julio, el Concejo Municipal de Anaheim consideró pero no logró aprobar una serie de medidas de reforma de financiamiento de campaña muy similares luego de que surgieran acusaciones de corrupción contra el exalcalde Harry Sidhu. Sidhu fue nombrado en una declaración jurada del FBI que afirma que tenía la intención de pedir USD 1 millón a los representantes del equipo de béisbol Angels durante las negociaciones de venta del estadio de Anaheim.
Sidhu no ha sido acusado ni procesado, pero renunció en mayo tras las consecuencias de la investigación.
Bajo las nuevas reglas estatales, Anaheim ahora deberá implementar las reformas.
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