Después de que la Corte Suprema emitiera un fallo en junio que permite a los gobiernos locales hacer cumplir las leyes relacionadas con los campamentos ilegales y la falta de vivienda, el gobernador de California Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva el 25 de julio que ordena a los departamentos y agencias estatales que comiencen a despejar los campamentos de indigentes.
«Esta orden ejecutiva ordena a los organismos estatales que actúen con urgencia para hacer frente a los campamentos peligrosos, apoyando y ayudando a las personas que viven en ellos, y proporcionando orientación para que las ciudades y los condados hagan lo mismo», dijo el Sr. Newsom en una declaración que acompañaba a la orden.
Aunque no puede obligar a los gobiernos locales a actuar en sus jurisdicciones, el Sr. Newsom instó a los funcionarios a adoptar políticas que permitan la eliminación de los campamentos de personas sin hogar para ayudar a proteger la seguridad pública.
«Aquí simplemente ya no hay excusas», afirmó el Sr. Newsom. «Es hora de que todos pongamos de nuestra parte».
La orden ejecutiva indicó el efecto de las acciones legales y las medidas cautelares que habían impedido a los funcionarios locales la retirada de los campamentos en el pasado, «dejando así a los funcionarios sin las herramientas o la orientación necesaria para hacer frente a la crisis en sus calles».
La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., en un caso conocido como Grants Pass, emitida en septiembre de 2022, impidió a los gobiernos locales desalojar campamentos y aplicar sus leyes. Los jueces declararon en tal caso, que tal acción sería un «castigo cruel e inusual» si no se disponía de suficiente espacio de refugio.
Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema de 6-3 el 28 de junio anuló la decisión.
«Aunque sin duda bien intencionadas (…) las respuestas a preguntas como qué constituye “involuntariamente” la falta de vivienda o cuándo un refugio está “prácticamente disponible” no se pueden encontrar en la cláusula de castigos crueles e inusuales [de la Constitución de Estados Unidos]», escribió el juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch en la opinión mayoritaria. «Tampoco los jueces federales gozan de ninguna competencia especial para proporcionarlos».
Con los obstáculos legales ahora eliminados, el gobernador está ordenando a las agencias y departamentos bajo su autoridad que comiencen inmediatamente a despejar los campamentos de la propiedad estatal.
Los funcionarios tienen instrucciones de seguir las directrices de la Directiva de Política de Mantenimiento del Departamento de Transporte de California, trabajando en colaboración con los organismos locales y dando prioridad a la eliminación de los campamentos.
Las evaluaciones del lugar determinarán si los campamentos plantean peligros inminentes, incluidas las amenazas a «la vida, la salud, la seguridad o la infraestructura», y, si se encuentra alguna amenaza, los campamentos deben ser desalojados inmediatamente.
En los campamentos en los que no se detecten amenazas de este tipo, se ordena a los funcionarios que publiquen un aviso de desalojo al menos 48 horas antes de que empiecen las redadas.
Se prestarán servicios de ayuda a los residentes en los campamentos.
Los funcionarios recogerán, etiquetarán y almacenarán los objetos personales retirados de los campamentos durante al menos 60 días.
Se pide a los departamentos y organismos que no están bajo la autoridad directa del gobernador que sigan directrices similares.
Del mismo modo, se «anima» a los gobiernos locales a adoptar políticas y aprovechar los recursos y la infraestructura disponibles «para actuar con la urgencia que exige esta crisis a fin de desalojar humanitariamente los campamentos de los espacios públicos», afirmó la orden ejecutiva.
San Francisco anunció recientemente que sus dirigentes están elaborando nuevas directrices para desalojar los campamentos, pero otras ciudades, como Los Ángeles, se han mostrado reacias a hacerlo. Queda por ver qué ciudades y condados seguirán las órdenes del gobernador.
El Consejo Interinstitucional de California sobre los Sin Techo supervisará la aplicación de políticas acordes con la orden ejecutiva.
El Sr. Newsom dijo que la nueva directiva es necesaria porque el estado se enfrenta a una situación de sinhogarismo que ha crecido en las últimas décadas. Hay más de 180,000 personas afectadas, de las cuales 123,000 viven sin techo en la calle, y algunas en tiendas de campaña, vehículos y remolques.
Esto representa un peligro para las personas sin hogar, según la orden ejecutiva, sometiéndolas a «condiciones meteorológicas extremas, incendios, actividades depredadoras y delictivas, y consumo generalizado de sustancias, perjudicando su salud, seguridad y bienestar».
Los legisladores republicanos aplaudieron la orden del gobernador.
«La falta de vivienda es uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día y es imperativo que tomemos medidas rápidas, decisivas y eficaces para hacerle frente», dijo el senador Roger Niello en una declaración del Caucus Republicano del Senado. «Esta orden ejecutiva es un buen paso, pero requerirá un seguimiento significativo para garantizar su eficacia».
El gobernador dijo que ha priorizado la erradicación de la falta de vivienda desde el primer año de su administración. También emitió una orden ejecutiva en 2020 que ordena a los departamentos identificar cómo utilizar los recursos para refugios a corto plazo.
Desde julio de 2021, el Departamento de Transporte de California ha retirado 11,188 campamentos en propiedad estatal y 248,275 yardas cúbicas de escombros de esos campamentos, según la orden recientemente publicada.
Desde que el Sr. Newsom asumió el cargo, California ha gastado más de 24,000 millones de dólares para abordar el problema de las personas sin hogar, incluidos casi 5000 millones de dólares en subvenciones para la Vivienda, Asistencia y Prevención de Personas sin Hogar; 1000 millones de dólares en financiación para la resolución de campamentos; y 3300 millones de dólares para alojar a personas en hoteles y otros lugares como parte del programa estatal Homekey.
Citando la necesidad de mejorar la rendición de cuentas, el gobernador y la Legislatura aprobaron el presupuesto 2024-2025 con proyectos de ley que exigen un mayor control y presentación de informes que permitan a los funcionarios seguir mejor el dinero e identificar qué programas están proporcionando beneficios y cuáles no están cumpliendo con las expectativas.
La orden declara que las nuevas directrices que priorizan el alojamiento y los servicios son un paso necesario para eliminar los campamentos, respetando la «dignidad de cada californiano y [proporcionando] caminos significativos para acabar con la falta de vivienda».
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