El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 12 de septiembre una ley que aumentará las penas para los condenados por robar o dañar bienes de gran valor.
El proyecto de ley 1960 —presentado por el portavoz de la Asamblea, Robert Rivas, para endurecer las penas por robos organizados en comercios y delitos graves a gran escala— establece que, hasta el 1 de enero de 2030, los tribunales impondrán condenas más largas en un sistema escalonado. Los responsables de robos o daños en bienes por valor de 50,000, 200,000, 1 millón o 3 millones de dólares se enfrentarán a penas de prisión adicionales de uno, dos, tres o cuatro años, respectivamente.
La ley permite acumular los valores de daños y robos de múltiples incidentes, y la legislatura podría prorrogar en el futuro la fecha de expiración de 2030.
«Debemos poner fin ahora a los crímenes violentos a los ataques relámpago de bandas organizadas», dijo Rivas en un comunicado de prensa emitido por la oficina de Newsom el 12 de septiembre.
«Soy autor de esta nueva ley para responsabilizar adecuadamente a quienes dañan tiendas y propiedades, porque nuestros propietarios de negocios y trabajadores no deberían vivir con el temor de que estos delitos lleguen a sus puertas».
Los vídeos de robos violentos —en los que los delincuentes destrozan la propiedad y roban todo lo que pueden en poco tiempo para abrumar al personal de seguridad de los comercios— han llamado la atención en las redes sociales, y los legisladores aprobaron la ley con el objetivo de frenar este comportamiento.
Una representante del sector minorista del estado espera que la nueva ley resulte beneficiosa.
«Envía un mensaje claro de que no se tolerarán estas actividades ilícitas y peligrosas, ayudando así a proteger a las empresas, los consumidores y las comunidades de los efectos adversos de la conducta delictiva», dijo en un comunicado Rachel Michelin, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Minoristas de California.
«Quienes deliberadamente ataquen y destruyan la propiedad al cometer delitos graves ahora se enfrentarán a penas más severas, enviando un mensaje claro de que este comportamiento ya no se tolerará en California».
Un funcionario de las fuerzas de seguridad también expresó su apoyo a la nueva ley.
«Estamos enviando un mensaje contundente a los delincuentes de que no se tolerará que se aprovechen de las posesiones de otras personas», dijo en un comunicado el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert G. Luna. «Esta ley es vital para garantizar que quienes sigan socavando el bienestar de nuestra comunidad se enfrenten a las consecuencias apropiadas, creando en última instancia un entorno más seguro para todos».
Los opositores —incluyendo la ACLU California Action, la Asociación de Defensores Públicos de California y Californianos Unidos por un Presupuesto Responsable, entre otros— presionaron a los legisladores para que rechazaran el proyecto de ley durante las audiencias del comité a principios de este año.
«La AB 1960 no haría nada para ayudar a las víctimas, sino que serviría para aumentar el tiempo que una persona estaría encarcelada por un delito contra la propiedad», dijo el grupo de defensores públicos en los análisis legislativos. «Los aumentos de condena son un fracaso de política muy costoso. No abordan la violencia de ninguna manera demostrable».
El grupo llamó la atención sobre los análisis fiscales del Comité de Asignaciones del Senado que mostraban que la AB 1960 podría aumentar los costes de encarcelamiento en millones de dólares anuales, dependiendo del número de agravantes y de la duración de la condena impuesta.
También argumentaron que la ley afectaría de forma desproporcionada a determinados grupos.
«Los agravantes son… uno de los motores del encarcelamiento masivo, un medio sistemático de privar de derechos económicos y políticos a las familias y comunidades negras, latinas e indígenas», dijo el grupo. «El encarcelamiento masivo es un desastre económico y de derechos humanos para todas las familias de California que priva a las comunidades de atención sanitaria, tratamiento por abuso de sustancias, vivienda y educación».
AB 1960 es el último proyecto de ley que firmará el gobernador en el paquete legislativo de proyectos de ley sobre robo en comercios introducido a principios de este año, que se centra en los delitos organizados de robo en comercios, el aumento de las penas por robar, poseer y vender bienes robados, y la facilitación del procesamiento de sospechosos de robo de automóviles, entre otras cosas.
El gobernador dijo que las nuevas leyes ayudarán a mejorar la seguridad pública y proteger a las empresas y comunidades de todo el estado.
Dijo que los legisladores encontraron un equilibrio entre la necesidad de responsabilizar a los delincuentes y la de no llenar las cárceles con delincuentes de poca monta.
«Podemos ser duros con la delincuencia y al mismo tiempo ser inteligentes con la delincuencia; no necesitamos volver a las políticas fracasadas del siglo pasado», dijo Newsom.
«El encarcelamiento masivo demostró ser ineficaz y no es la respuesta: necesitamos una verdadera rendición de cuentas y estrategias que mejoren nuestros esfuerzos, líderes en el país, para hacer frente a la delincuencia».
La nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2025.
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