La recién aprobada ley del gobernador de California, Gavin Newsom, para «responsabilizar a las grandes petroleras» se enfrenta esta semana a una mayor resistencia en la Legislatura estatal, mientras los legisladores deciden cómo pagar su aplicación.
El gobernador dijo a los californianos en un vídeo publicado en enero que «no pagarán ni un céntimo» por su nueva ley para castigar a las petroleras por los precios récord de la gasolina del año pasado. Sin embargo, en su presupuesto actualizado presentado el 12 de mayo, el gobernador propone aumentar en 6 millones de dólares al año el recargo estatal sobre la energía eléctrica —un impuesto que pagan los consumidores de electricidad del estado basado en la cantidad de consumo en California— para financiar el nuevo programa.
El 17 de mayo, el senador estatal Brian Dahle (R-Bieber) interrogó a un representante del departamento de finanzas del estado de California sobre la propuesta de aumento del impuesto, que financiaría más de una docena de nuevos puestos en la Comisión de Energía de California, encargados de averiguar si las refinerías de petróleo están cobrando demasiado.
«¿Por qué estamos pagando tarifas eléctricas para perseguir a los productores de petróleo, o para financiar los puestos, cuando debería salir del fondo general?», preguntó Dahle durante una comparecencia en el Senado, añadiendo: «A fin de cuentas, ¿por qué son los contribuyentes [de electricidad] los que pagan el pato?»
«Gente desfavorecida y de bajos ingresos está pagando esas facturas», añadió Dahle.
El representante no respondió a la pregunta.
En la revisión del presupuesto estatal de mayo, Newsom pide 5.9 millones de dólares del recargo sobre la energía eléctrica para 14 nuevos puestos en la comisión para establecer la división de supervisión y un millón de dólares para que la junta estatal de recursos del aire cree un plan para eliminar los combustibles fósiles del transporte. Otros 286,000 dólares del Fondo de Seguridad y Salud en el Trabajo servirían para pagar un nuevo puesto para analizar y gestionar los calendarios de mantenimiento de las refinerías de petróleo.
Un portavoz de Newsom dijo que no se debería culpar a la nueva ley del aumento del recargo propuesto, ya que la propuesta se ha considerado varias veces para paliar el déficit actual de la comisión.
«El cambio en la propuesta de financiación de la Comisión de Energía de California (CEC) habría sido el mismo, independientemente de que se hubiera promulgado o no la ley sobre el sobreprecio de la gasolina, ya que esta es la tercera vez que se presenta esta propuesta dado el déficit presupuestario estructural continuo de la CEC», dijo el portavoz Daniel Villaseñor a The Epoch Times en un correo electrónico. «Es incorrecto decir que los contribuyentes pagarán más debido a la ley que sobretasa a la gasolina».
Administrado por el Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California, el recargo sobre la electricidad se impuso por primera vez en 1975 y ha venido financiando programas aprobados por la comisión de energía.
En 2023, los clientes de electricidad de California pagarán 0.0003 dólares por kilovatio-hora. Para un cliente medio, eso equivale a alrededor de 1 dólar al mes.
La penalización podría elevar los precios en el surtidor, dice experta del sector
La ley establece una nueva división de supervisión dentro de la Comisión de Energía del Estado para analizar las tendencias en la cadena de suministro de petróleo y la fijación de precios.
«Durante décadas, las compañías petroleras se han salido con la suya estafando a las familias californianas mientras obtenían beneficios récord y ocultaban sus cuentas a la vista del público», declaró Newsom en marzo tras la aprobación de la ley en el Senado. «Con esta propuesta, los líderes de California ponen fin a la era de la influencia desmesurada del petróleo y les exigen responsabilidades».
Según la ley, la comisión podrá fijar un margen máximo de beneficios para el refinado de petróleo y sanciones a las petroleras que lo superen.
También se exigirá a las petroleras que informen de sus operaciones diarias, información detallada sobre envíos, contratos, acuerdos, previsiones y otros datos de mercado, a veces confidenciales, que incluirán cuánto pagan por cada galón de crudo. Estos informes se exigirán semanalmente, en algunos casos. Las empresas se enfrentan a multas de hasta 500,000 dólares por retrasos en la presentación de informes.
Expertos del sector afirmaron en marzo que, de imponerse, la multa por los beneficios del petróleo provocará probablemente un aumento de los precios en los surtidores.
La presidenta de la Western States Petroleum Association, Catherine Reheis-Boyd, afirmó en una declaración en respuesta a la aprobación de la ley que «los topes de precios, los impuestos y las sanciones de tipo fiscal no aumentan la oferta ni reducen los precios, sino que pueden tener el efecto contrario: menos inversión, menos oferta de gasolina y, en última instancia, mayores costos para los californianos».
El creciente déficit de California
Cuando los legisladores se apresuraron a aprobar en marzo la Ley 2 del Senado de Newsom para castigar a las petroleras, el texto de la ley era impreciso en cuanto a cómo pagaría el Estado su aplicación cuando entre en vigor a finales de junio.
El presupuesto revisado y actualizado del gobernador también prevé un importante déficit de 31,500 millones de dólares —9000 millones más que las estimaciones anteriores— para el año fiscal 2023-24, que comienza el 1 de julio.
«Se trata de un reto de 31,500 millones de dólares, que está dentro del margen de lo esperado y dentro de nuestra capacidad para afrontarlo», dijo Newsom el 12 de mayo al anunciar la actualización, que incluye una serie de reducciones y retrasos en la financiación.
La base del impuesto sobre la renta personal de California también se redujo en USD 29.1 mil millones después de que más de 332,000 contribuyentes se mudaron del estado de 2020 a 2021, según un informe reciente del Servicio de Impuestos Internos.
El estado perdió USD 29,100 millones en ingresos personales gravables en 2021 y USD 18,000 millones en 2020, según datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
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