Mientras California se enfrenta a un importante déficit presupuestario, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una ley el 31 de mayo que retrasa la fecha de entrada en vigor de una medida aprobada el año pasado, que fija en 25 dólares por hora el salario mínimo para algunos trabajadores del sector sanitario.
El gobernador no ofreció detalles tras promulgar la ley y su oficina declinó hacer comentarios.
El proyecto de ley 828 del Senado, retrasará los aumentos salariales un mes, del 1 de junio al 1 de julio. Fue presentado originalmente como una medida de formación profesional el año pasado por la senadora Lola Smallwood-Cuevas, pero modificado el 20 de mayo por la nueva autora, la senadora María Elena Durazo, en un proceso denominado «desentrañar y enmendar».
De esta manera, se traslada el costo de la implementación de la nueva ley al siguiente año fiscal, una estrategia que ayuda a equilibrar el presupuesto del actual año fiscal del estado.
Cuando se le preguntó por los motivos de la nueva ley, la autora del proyecto dijo que el déficit presupuestario del estado para 2024-25 podía tener algo que ver.
«Quizá sea difícil de decir, pero creo que queríamos asegurarnos de que se tuviera en cuenta cualquier tipo de impacto debido al presupuesto al que nos enfrentamos», declaró la Sra. Durazo a The Epoch Times. «Así que no hay razón para precipitarse, y además coincide con el ejercicio presupuestario, que es otra de las razones por las que tiene sentido».
El próximo año fiscal del estado comienza el 1 de julio y se extiende hasta el 30 de junio de 2025.
Se trata del proyecto de ley 525 del Senado, que establece un calendario escalonado de incrementos salariales que aumentan anualmente hasta 25 dólares por hora para algunos sistemas sanitarios. Una complicada lista de requisitos salariales basados en el número de empleados y la propiedad determina la tasa de pago para varios empleadores.
Los críticos afirman que la ley de aumento salarial fue un error que nunca debió producirse, ya que crea dificultades financieras para el Estado —cuyos costos recaen en última instancia sobre los contribuyentes— y para determinados empleadores del sector sanitario.
Dado que algunos de los sistemas sanitarios afectados están gestionados, en parte, por las administraciones locales, algunos aumentos salariales repercuten en las finanzas de California.
«Se trata de una política horrible, como ya dije cuando se presentó el proyecto de ley original», declaró el senador Roger Niello en el pleno del Senado antes de que se aprobara el proyecto el 30 de mayo.
El senador sugirió que la ley resultará injusta para los trabajadores experimentados, ya que los nuevos contratados y los empleados menos cualificados verán aumentar sus salarios a un ritmo más rápido que algunos con años de servicio leal.
Además, los empleadores verán aumentar significativamente los costos porque la ley estatal exige que los empleados reciban el doble del salario mínimo si no se les pagan las horas extraordinarias, indicó el Sr. Niello.
Con los nuevos salarios, los empleados exentos —incluidos los directivos y supervisores asalariados— tendrían que ganar unos 104,000 dólares para no recibir el pago de horas extras.
Teniendo en cuenta los costos añadidos para el Estado para pagar los aumentos salariales, el senador expresó su confusión en cuanto a por qué el gobernador optó por promulgar el proyecto de ley, mientras que rechazó otros con menos de impacto en las finanzas del Estado.
«Yo tengo que decir que me quedé perplejo cuando el gobernador promulgó este [SB 525] en primer lugar, porque había vetado otros proyectos de ley que tenían un impacto en el presupuesto del Estado, sin duda un impacto menor que [la SB 525] finalmente tendrá», dijo el Sr. Niello. «Esto sucedió poco después de que recuerdo que él dijo, oops, y ahora estamos trabajando para retrasar estos aumentos salariales».
El legislador instó a la derogación total de la ley de aumento salarial para rectificar la situación.
«Esto es simplemente una mala política, y francamente, la única ruta es derogar completamente [SB 525] por completo».
Un colega en el Senado dijo que los aumentos salariales amenazan con poner en caos la industria de la salud en el distrito 21 del Senado del estado, que abarca zonas al norte de Los Ángeles, desde Santa Clarita hasta Victor Valley.
«De los siete hospitales de mi distrito, dos de ellos están seguros de que, si esto se aplica plenamente, estarán fuera del negocio en un año», dijo el senador Scott Wilk en el pleno del Senado antes de que se aprobara la SB 828.
El líder republicano en la Asamblea estuvo de acuerdo en que el gobernador se equivocó al promulgar la ley para aumentar los salarios y sugirió que el Sr. Newsom ahora está utilizando su influencia para obligar a la Legislatura para hacer frente al déficit presupuestario con un truco de contabilidad estratégica de empujar el inicio de la ley 30 días, esencialmente, ahorrando solo un mes de aumentos salariales.
«Las paredes se están cerrando sobre el gobernador Newsom y su esquema Ponzi», dijo el líder de la minoría asambleísta James Gallagher a The Epoch Times. «Él hizo algunas promesas que no puede cumplir, y ahora creo que está tratando de hacer lo que pueda para evitar que esos muros financieros se derrumben».
También indicó que las advertencias sobre el aumento salarial deberían haber sido tenidas en cuenta.
«El año pasado, se lo advertimos a la Legislatura y les dijimos: “No aprueben esto; es una mala política para los hospitales rurales y nuestro sistema de salud, y no vamos a poder pagarlo”», dijo el Sr. Gallagher. «El problema subyacente [del déficit del estado] no se ha resuelto, y solo subraya la arena movediza en la que están con este presupuesto».
Debido a una cláusula de urgencia, el proyecto de ley que retrasa el aumento entra en vigor de inmediato, y los salarios aumentarán para ciertos trabajadores de la salud a finales de este verano, a partir del 1 de julio.
Aún no está claro si el gobernador y la Legislatura considerarán nuevos ajustes a la ley salarial, ya que se espera que los déficits presupuestarios persistan más allá del próximo año fiscal, según la Oficina del Analista Legislativo no partidista.
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