El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley por el que se ampliaban las disposiciones de control del aire para las comunidades situadas en el perímetro de instalaciones potencialmente muy contaminantes de todo el estado.
Una comunidad colindante es cualquier barrio en riesgo de altos niveles de contaminación debido a su ubicación adyacente a instalaciones como refinerías de petróleo, fábricas químicas, parques industriales o equivalentes.
En una declaración del 19 de agosto en la que anunciaba su postura sobre la Ley de Reducción y Transparencia de la Contaminación en Refinerías, Newsom afirmó que California ya cuenta con algunas de las «normas de control y contaminación del aire en refinerías más estrictas» de cualquier jurisdicción del mundo.
En virtud de la legislación vigente, los propietarios de refinerías de petróleo de California ya están obligados a disponer de un sistema de vigilancia en las inmediaciones que cumpla los requisitos del distrito de gestión de la calidad del aire correspondiente, a recopilar datos en tiempo real de esos sistemas de vigilancia y a mantener registros de los datos.
«Estas normas han sido elaboradas y aplicadas por los distritos locales de gestión de la calidad del aire del estado, y cada uno de estos distritos posee la autoridad y los conocimientos técnicos necesarios para actualizar, ampliar y modificar estas normas de acuerdo con los mejores conocimientos científicos disponibles», dijo.
El proyecto de ley SB 674, aprobado por el Senado por 28 votos a favor y 8 en contra, con cuatro abstenciones, tiene por objeto ampliar los protocolos de control del aire en las comunidades cercanas a las refinerías de petróleo para incluir las que producen biocombustibles y contaminantes asociados.
Según el análisis del proyecto de ley, los grupos que se oponen a la ampliación de las pruebas y los requisitos argumentan que las refinerías solo deben ser responsables del seguimiento y la gestión de las emisiones de las operaciones bajo su propiedad y control. También afirman que obligarlas a pagar por cualquier mejora adicional a las ya existentes «probablemente aumentaría el coste del refinado de combustible para el transporte en California».
También exigiría la publicación de un informe al público en un plazo de 14 días sobre las medidas correctivas que se están aplicando para evitar incidentes similares en el futuro. Además, las instalaciones cercanas a las zonas aledañas tendrían que aplicar procesos nuevos y más rápidos para notificar a las comunidades locales los incidentes, incluso cuando las emisiones superen los umbrales.
Newsom afirma que estas medidas son «muy prescriptivas» y que, por lo que él sabe, «no hay financiación estatal identificada o disponible en el presupuesto estatal para apoyar estos esfuerzos», lo que podría requerir el reembolso estatal de los costes de aplicación.
«Aunque comparto el deseo de la autora de proteger a las comunidades de la contaminación atmosférica, los distritos locales de gestión de la calidad del aire ya están llevando a cabo las acciones necesarias para hacerlo», afirmó.
Las organizaciones de defensa de la salud, los derechos civiles, el medio ambiente y la equidad que apoyan la ampliación de las leyes sostienen que la única solución para garantizar la transparencia a las personas que viven en zonas de alto riesgo o afectadas es establecer una norma estatal de vigilancia del aire que garantice el uso de las mejores prácticas.
La promotora del proyecto de ley, la líder de la mayoría del Senado estatal, la demócrata Lena Gonzalez, calificó el veto de Newsom de devastador.
En una declaración del 19 de agosto, Gonzalez dijo que si bien esto era un revés para la causa, las comunidades seguirán luchando por una mayor protección en el estado.
«Este es un golpe devastador a los años de duro trabajo y defensa de las comunidades afectadas por la contaminación del aire de las refinerías», dijo.
«Las comunidades de Fenceline necesitan urgentemente un mejor control del aire, y no debería ser tan difícil establecer un sistema que les proporcione las necesidades más básicas: transparencia e información sobre las sustancias químicas tóxicas que se liberan en sus barrios».
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