El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley el 22 de septiembre que habría impedido que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California compartiera el calendario de liberación de algunos reclusos inmigrantes ilegales con el Departamento de Seguridad Nacional y los funcionarios de aduanas, que normalmente utilizan dicha información con fines de deportación.
Lo que está en juego es el Proyecto de Ley 1306, escrito por la asambleísta Wendy Carrillo (D-Los Ángeles), diseñado para bloquear la colaboración y las transferencias entre las autoridades penitenciarias estatales y la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocida como ICE, para reclusos condenados por ciertos delitos o puestos en libertad con condiciones especiales.
Citando la ley existente y la preocupación de que el proyecto de ley afectaría a un “número significativo de personas” como razones para el veto, el gobernador señaló que se necesita avanzar en el tema y el departamento penitenciario ya limita las comunicaciones cuando los inmigrantes ilegales ingresan a prisión y se acercan a su liberación.
“Creo que la ley actual logra el equilibrio adecuado en la limitación de la interacción para apoyar la confianza de la comunidad y la cooperación entre las fuerzas del orden y las comunidades locales», dijo Newsom en su carta de veto. «Por esta razón, no puedo firmar este proyecto de ley. Sin embargo, como Administración, reconocemos que las mejoras en este proceso son importantes”.
Con la implementación en 2018 del Proyecto de Ley Senatorial 54, conocida como Ley de Valores de California, se impide a las agencias estatales de aplicación de la ley compartir recursos y coordinarse con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración. Se trataba de una ampliación de la Ley de Fideicomiso del estado, que entró en vigor en 2014 impidiendo las detenciones de reclusos por motivos de inmigración.
Como el departamento penitenciario no es un organismo encargado de hacer cumplir la ley, la legislación vigente no se aplica a sus operaciones. El proyecto de ley recientemente eliminado intentaba regular el departamento con pautas similares.
La noticia de que el gobernador había vetado el proyecto de ley, del que eran coautores siete compañeros demócratas, provocó frustración por parte de su autor principal.
“Estoy decepcionada por la decisión del gobernador Newsom de vetar la AB 1306”, dijo Carrillo en un comunicado publicado el 22 de septiembre en X, anteriormente conocido como Twitter. “Nunca fue la intención de la Legislatura excluir a los inmigrantes de las políticas de reforma de la justicia restaurativa”.
Escrito para ofrecer a los inmigrantes ilegales encarcelados protecciones similares brindadas a otros reclusos en las medidas de reforma de la justicia penal aprobadas por los legisladores en los últimos años y diseñado para reducir la población carcelaria, la autora dice que su proyecto de ley es necesario para restaurar la igualdad en el sistema.
“[Este proyecto de ley] fue una solución muy limitada a la ley, que tardó tres años en elaborarse, para garantizar la intención de la Legislatura de permitir que los californianos especialmente afectados regresen a sus comunidades y familias y reconstruyan sus vidas después de cumplir su condena”, dijo la Sra. Carrillo. “En cambio, seguirán enfrentando encarcelamiento indefinido en centros de detención de inmigrantes, que es una sentencia que nunca fue dictada por un tribunal penal o un juez”.
Docenas de organizaciones patrocinaron la legislación, incluido SEIU California (un grupo de sindicatos locales que representan a más de 700,000 miembros), la Oficina del Defensor Público de San Francisco y la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, entre otras.
“Sólo por su lugar de nacimiento, los inmigrantes y refugiados que de otro modo se beneficiarían de estas reformas aprobadas por la Legislatura son en cambio liberados al ICE y sometidos al doble castigo de la detención y deportación del ICE», escribió en apoyo la Coalición de Mujeres Presas de California en un análisis legislativo.
“Además, esta práctica injusta perpetúa un sistema legal penal que trata a las personas de manera desigual simplemente por su lugar de nacimiento. El papel del estado al enviar voluntariamente a residentes de California a la custodia de ICE socava nuestro progreso hacia una sociedad más equitativa y ataca injustamente a inmigrantes y refugiados”.
Con la mayor población de inmigrantes del país, los partidarios argumentan que las políticas de California tienen un impacto significativo, sugiriendo que la situación crea una oportunidad para liderar debates a nivel nacional.
“California tiene la obligación ética y moral de ser un líder nacional que garantice que los pasos que el estado ya ha tomado para reformar nuestro sistema legal penal incluyan a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, escribió el grupo. “Armonizar reformas ampliamente respaldadas para garantizar una aplicación equitativa a inmigrantes y refugiados reunirá a las familias, fortalecerá las comunidades y cumplirá con el compromiso del estado de abordar la injusticia racial y defender nuestros valores de justicia e igualdad”.
Si bien no figuraba ningún grupo en oposición al proyecto de ley, los legisladores republicanos en el Senado y la Asamblea votaron repetidamente en contra.
Incluso con el veto del gobernador, su autora dijo que traerá el proyecto de ley nuevamente a la Legislatura en 2024.
“Estoy comprometida a reintroducir la política y poner fin a un sistema dual de justicia en California que trata a los inmigrantes como menos e indignos de una segunda oportunidad”, dijo Carrillo.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
