El régimen de Nicaragua emitió este viernes la reglamentación de la polémica Ley de Agentes Extranjeros, que castiga con multas o la cancelación de permisos a las personas y organizaciones que no brinden cuentas de cómo gastan el dinero o usan las donaciones que reciben de otros países.
La nueva “Normativa para la regulación, supervisión y sanción, de agentes extranjeros”, que define la aplicación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en octubre pasado en el Parlamento, establece sanciones que van desde las 300 a las 500,000 “unidades multas”, las cuales no fueron especificadas en la reglamentación, ni en la legislación.
La decisión del régimen de Nicaragua se da a falta de diez meses para las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que el líder Daniel Ortega se jugará su dominio casi total de la política local.
La normativa veta el “financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas, o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.
El texto de la reglamentación coincide con los temores de la oposición, que cree que el objetivo de Ortega es sacar del juego político a grandes grupos disidentes, como el Movimiento Campesino, la Coalición Nacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, partidos políticos adversarios, y organizaciones de la sociedad civil, que promueven un cambio de régimen.
Para asegurarse de que no habrá desvío de recursos, la normativa establece que deben registrarse como “agentes extranjeros” todas las personas que reciben dinero o donaciones del exterior incluso si son nicaragüenses, salvo en el caso de los funcionarios estatales, cuerpo diplomático, inversionistas, corresponsales de prensa internacional y los beneficiarios de remesas familiares.
Informe de gastos obligatorio
La nueva disposición, también conocida en Nicaragua como “Ley Putin”, establece que los “agentes extranjeros” deben informar con anticipación al régimen nicaragüense cuánto dinero recibirán, identificar plenamente a la persona, país u organismo remitente, en qué piensa gastarlo y dar pruebas de que ocupó los recursos en lo que había previsto.
La legislación indica que los registrados como agentes extranjeros deberán brindar reportes mensuales al Gobierno de Nicaragua sobre la forma en que gastaron el dinero y guardar los comprobantes para presentarlos a las autoridades cuando estas así lo requieran, sea que estas lo hagan con previo aviso o por sorpresa.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con su normativa, forma parte de un paquete de leyes con el que, según la oposición, Ortega pretende garantizar por al menos cinco años más su permanencia en el poder, que ostenta desde que lo recuperó en 2007, tras haber gobernado entre 1979 y 1980.
Forman parte del “paquete” la Ley de Ciberdelitos, que castiga cualquier información que el Gobierno considere como amenaza, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que limita candidaturas a cargos de elección popular, incluyendo la de presidente, el establecimiento de la cadena perpetua para “crímenes de odio” no están especificados, y una reforma legal para que las personas permanezcan en prisión hasta por tres meses sin ir a juicio.
Activistas locales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han reiterado que en Nicaragua existen violaciones “sistemáticas” de los derechos humanos.
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