El gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha expulsado a 222 religiosos, incluyendo a 91 monjas, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde abril de 2018, denunció este martes una organización humanitaria.
«En total, desde 2018, hay al menos 222 religiosos desterrados, incluyendo 91 monjas. Se ha logrado identificar al menos a 52 personas religiosas y familiares de estas que han quedado en situación de apatridia de facto», advirtió en un informe la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más.
En el informe, titulado «Libertad religiosa, persecución a laicos», ese organismo afirmó que entre enero y abril de 2024 el Gobierno sandinista obligó a 34 sacerdotes nicaragüenses a salir del país, cifra que no incluyen los siete que fueron enviados a El Vaticano la semana pasada.
Ese Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, sostuvo además que «continúan las múltiples violaciones a la libertad de religión en Nicaragua, que reflejan un panorama de creciente represión, con detenciones arbitrarias, ataques directos a líderes religiosos, estigmatización y mensajes de odio en los pronunciamientos oficiales respecto a la libertad de culto».
«El régimen Ortega Murillo ha incrementado el hostigamiento a laicos y líderes religiosos. Las agresiones a sacerdotes, obispos, religiosas y la feligresía han sido documentadas por instancias defensoras de derechos humanos, destacándose casos de expulsión de congregaciones y la clausura de organizaciones no gubernamentales religiosas», indicó.
En ese sentido, aseguró que desde 2021 más de 420 organizaciones cristianas han sido canceladas, incluyendo la reciente eliminación de Cáritas de la Diócesis de Matagalpa (norte).
«Se han confiscado al menos 22 medios de comunicación religiosos, siendo uno de los últimos Radio María, cuya última transmisión fue el 9 de julio de 2024», detalló el informe.
Además, según el Colectivo, al menos 21 pastores evangélicos permanecen en el exilio y otros 3 pastores fueron impedidos de ingresar a Nicaragua.
«Este patrón de persecución ha llevado a la expulsión y el desplazamiento forzado a más de 200 personas religiosas y al incremento de la vigilancia sobre actividades realizadas sobre todo en iglesias católicas», agregó.
De acuerdo con un informe de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, y Alcance de ayuda en las Américas, al menos 22 religiosos nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad.
Entre los religiosos desnacionalizados se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, ambos muy críticos con el Gobierno sandinista.
Las relaciones del gobierno del presidente Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas partes.
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