El régimen de Nicaragua ordenó este jueves el retiro de su embajador en España, Carlos Midence, debido «a las continuas presiones y amenazas injerencistas» en su contra, «que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática».
«El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, comunica a esa Cancillería del Reino de España, su decisión de retirar de funciones al embajador Carlos Midence», detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ortega en un comunicado.
«Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador, que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática», sostuvo el régimen nicaragüense, sin más.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido de facto para un quinto mandato, que España no reconoció al considerarlo «una burla».
Un día después de esos comicios no reconocidos por la comunidad internacional, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que en Nicaragua «no ha habido elecciones justas, libres ni competidas», y exigió la liberación de los opositores y periodistas detenidos, incluidos siete que aspiraron a ser candidatos presidenciales en esos comicios.
«Los opositores que deseaban competir (en esas elecciones) están en la cárcel en estos momentos y exigimos su liberación como venimos haciendo desde agosto», cuando España retiró a su embajadora en Managua en señal de protesta, puntualizó Albares.
El pasado 24 de febrero, el régimen de Nicaragua reclamó a España por las «insolentes declaraciones» del canciller español sobre el país centroamericano, aunque no especificó cuáles.
«Ante las insolentes, anacrónicas, desfasadas declaraciones del canciller de España, José Manuel Albares, sobre Nicaragua y las funciones diplomáticas en este país libre y soberano, reiteramos: Nicaragua no es colonia de nadie», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, en una declaración entonces.
«No somos súbditos de la Corona española. No aceptamos, por lo tanto, injerencia alguna de ese o de ningún país, en nuestros asuntos internos», continuó.
En la nota, Nicaragua recomendó al canciller español «centrarse en los temas de su competencia, y cesar ya en su intento de interferir en las decisiones y acciones de un Estado soberano como el nuestro, porque desde ningún punto de vista tiene autoridad alguna sobre nuestra patria bendita y siempre libre».
El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, dijo el mes pasado en Buenos Aires que «probablemente en los próximos días» haya «alguna novedad» respecto a la relación con Nicaragua, luego de que en agosto pasado el Gobierno español llamara a consultas a su embajadora en Managua como respuesta a las «graves e infundadas acusaciones» del país centroamericano contra España.
El 11 de agosto del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez llamó a consultas a la embajadora María del Mar Fernández-Palacios en respuesta a un comunicado publicado el día anterior por la Cancillería nicaragüense que contenía, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, «gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales» españoles.
La tensión entre ambos Ejecutivos y el cruce de acusaciones comenzó meses antes, con motivo de las detenciones y encarcelamiento de líderes opositores y aspirantes a candidatos de los comicios nicaragüenses del 7 de noviembre de 2021, contra lo que España reaccionó varias veces con protestas enérgicas.
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