El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao afirmó este sábado que la «escalada represiva» y las recientes leyes promulgadas en Nicaragua llevan al país hacia una «dictadura legalizada», encabezada por el líder Daniel Ortega.
«Esta escalada represiva reciente está representada en estos proyectos de ley que se están enviando (…), que van a caracterizar lo que llamamos una dictadura legalizada, una legalidad autoritaria, que da legitimidad a los procesos represivos», dijo Abrao, en un teleconversatorio con la organización Nicaragüenses en el Mundo.
Abrao se refirió a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, conocidas como «Ley Putin» y «Ley Mordaza», porque castigan a quienes reciban dinero del exterior sin rendir cuantas al régimen, salvo excepciones, y a quien comparta o posea información que las autoridades consideren una amenaza.
Adicionalmente, está por aprobarse la cadena perpetua, mientras que anoche se conoció de una cuarta legislación promovida por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que podría dar oportunidad a que los críticos del régimen pierdan el derecho a ser electos en cargos de elección popular, cuando faltan menos de 11 meses para las elecciones presidenciales.
«Cada vez que se aproxima el contexto electoral se van aumentando los factores de riesgo», declaró Abrao, quien llamó a los activistas y opositores a establecer «nuevas iniciativas» de defensa de los derechos humanos en Nicaragua, y no dejarse llevar por el contexto electoral.
Según el brasileño, los nicaragüenses no deberían esperar a que Ortega realice reformas a la ley electoral que restablezcan los derechos humanos, sino al contrario, que la lucha por los derechos de las personas inspire a la comunidad internacional a exigir con más fuerza la celebración de comicios creíbles en noviembre de 2021.
Un asunto de derechos humanos
«No es una reforma electoral lo que nos va a mover, lo que debe motivar la presión internacional es la (denuncia de) violación a los derechos humanos, que deslegitima a un Gobierno que no respeta las libertades individuales», explicó.
Abrao indicó que los activistas y opositores deben aprovechar el primer semestre de 2021 para organizar su defensa de los derechos humanos, ya que «las cosas van a recrudecer en el segundo semestre, muy cerca de las elecciones», y Ortega adopta «la represión a cada contexto».
Durante su ponencia, admitió que la CIDH, que registra 328 muertos en protestas contra Ortega en Nicaragua, solamente pudo constatar la represión en Nicaragua de forma directa en 2018, aunque desde antes «el Gobierno tenía esa intención, de evitar cualquier oposición y cualquier pensamiento crítico».
«El Gobierno intenta enviar mensajes de verdadero terror, de control permanente a la población nicaragüense», subrayó. «Esta práctica contra los derechos humanos se caracteriza por ser persistente y sistemática, que se fue transformando a lo largo del tiempo, ha ido evolucionando no en un sentido de respetar y a los reclamantes, sino de incrementar este modelo de Estado policial de excepción».
Los señalamientos del brasileño se dan en medio de una profunda crisis sociopolítica, que Nicaragua no vivía desde la primera vez que Ortega fue líder, entre 1979 y 1990.
Abrao se hizo popular en Nicaragua durante uno de los momentos de mayor tensión en las protestas antigubernamentales que paralizaron el país en 2018, cuando la noche del 20 de mayo de ese año la Policía Nacional rompió el compromiso del régimen de no agredir a civiles, y realizó un ataque armado contra los estudiantes dentro de una universidad estatal.
Esa noche, siendo el secretario ejecutivo de la CIDH, Abrao denunció el ataque ante el jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, quien negó lo que estaba ocurriendo sin saber que el representante del organismo lo llamaba desde el interior de la universidad que estaba siendo atacada por los agentes.
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