El régimen de Daniel Ortega viola la Constitución cada vez que se niega a permitir el ingreso a los nicaragüenses que se han quedado varados en otros países en medio de la pandemia del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, denunció este sábado un organismo humanitario.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló que «una vez más» el régimen de Ortega viola la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos al negar la entrada, aún cumpliendo con todos los requisitos de ingreso, a 96 nicaragüenses que se trasladaron en autobuses desde Panamá a la frontera de Peñas Blancas que Costa Rica comparte con Nicaragua.
«El Gobierno, bajo ninguna circunstancia, debe prohibir el paso a los nicaragüenses», indicó ese organismo humanitario, crítico con el Ejecutivo sandinista.
Las autoridades de Nicaragua impidieron este sábado el ingreso de un grupo de sus ciudadanos en la frontera con Costa Rica, a donde llegaron tras una larga travesía desde Panamá en busca de retornar a su país de origen en medio de la pandemia de la COVID-19.
ONG: criminal, perverso y tortura
Para el Cenidh, es «vergonzoso que mientras todos los países están esforzándose por repatriar a sus nacionales, aquí las autoridades les relegan a los peligros de la intemperie; el hambre, el frío y al mismo virus».
«Tal proceder es criminal, perverso y constitutivo de tortura, no solamente para los connacionales sino también para sus familias», advirtió el organismo.
Por tanto, esa ONG, a la que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, le retiró su personalidad jurídica, exigió a Ortega «que, si todavía se hacen llamar Gobierno, cumplan con su deber de salvaguardar la vida y la seguridad de los nicaragüenses».
«Nuestros compatriotas deben ser repatriados inmediatamente», abogó.
Régimen guarda silencio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la semana pasada que el régimen sandinista impide el retorno a Nicaragua de unos 500 nacionales, quienes se encuentran varados en países vecinos de Centroamérica y del Caribe, en medio de la pandemia de COVID-19.
La CIDH dijo entonces que Nicaragua tiene «obligaciones internacionales» de «asegurar el retorno de estas personas en el contexto de la pandemia por COVID-19», y que a pesar de esto, su Gobierno hasta ahora no responde sus consultas al respecto.
Al menos 444 nicaragüenses se mantenían varados en países vecinos hasta el 4 de junio pasado, sin que las autoridades aprobaran su ingreso, según denuncias de los afectados.
Mientras tanto, las fronteras de Nicaragua, que han permanecido oficialmente abiertas en medio de la pandemia, reportaron 10,488 entradas y salidas del país entre el 6 y el 12 de junio, según los últimos datos oficiales.
En cuanto a la pandemia, el régimen nicaragüense aduce que la mantiene controlada y reporta 74 fallecidos y 2170 casos positivos.
Por su parte, el independiente observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, contabiliza 1749 muertos y 6775 casos sospechosos de dicho padecimiento.
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