Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron a un juez que retrase la multimillonaria demanda civil que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha presentado contra él y sus hijos, y que está previsto que vaya a juicio el 2 de octubre.
«Un juicio de esta magnitud no debería comenzar en el caos», escribieron en una presentación el martes por la noche. «El tribunal y los acusados tienen derecho a conocer las demandas y las cuestiones que se van a juzgar con suficiente antelación para prepararse adecuadamente para el juicio».
Solicitaron que el juicio se retrase «brevemente» y comience tres semanas más tarde, a finales de octubre, después de que el juez se haya pronunciado sobre los argumentos relativos a las peticiones de un juicio sumario.
James había presentado recientemente una moción argumentando que no era necesario un juicio para que el juez se pronunciara sobre una de las siete reclamaciones de que el presidente Trump infló el valor de varias propiedades. Ella afirmó que Trump había inflado su patrimonio neto en 812 millones de dólares a 2.200 millones de dólares anuales desde 2011, defraudando a bancos y aseguradoras.
James reclama 250 millones de dólares por daños y perjuicios y pretende que se prohíba a Trump hacer negocios en el estado de Nueva York. El Presidente Trump ha refutado públicamente las afirmaciones de James, acusándola de difamación.
El equipo del presidente Trump trató de desestimar el caso por completo, argumentando que los acuerdos que la señora James cita en su demanda tuvieron lugar hace demasiado tiempo como para que ella los lleve ahora a los tribunales. Como prueba, también dieron a conocer la transcripción de una declaración de siete horas de duración del presidente Trump, que tuvo lugar en abril, donde respondió a preguntas sobre el valor de varias de sus propiedades, y su papel en el negocio.
James respondió en una presentación el martes por la noche pidiendo al juez que sancionara a los acusados y a los abogados con 20.000 dólares por repetir argumentos que el juez ya había rechazado. Los abogados de Trump respondieron pidiendo que se retirara la «frívola» moción de sanciones.
La demanda nombra a los hijos adultos del presidente Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, mientras que su hija Ivanka Trump fue desestimada de la demanda en un tribunal de apelaciones a principios de este año. El presidente Trump ha negado cualquier delito y alega que el caso tiene motivaciones políticas.
Contrademanda y solicitudes de aplazamiento
Tanto la contrademanda como las anteriores solicitudes de aplazamiento por parte del Presidente Trump han fracasado.
James presentó por primera vez el caso contra el presidente Trump en septiembre de 2022, y en noviembre trató de trasladarlo a un tribunal federal, y más tarde también de pausar el caso.
«Las investigaciones iniciadas por James no están de ninguna manera conectadas con objetivos legítimos de aplicación de la ley, sino que son simplemente un esfuerzo apenas velado para difamar públicamente a Trump y sus asociados. Su misión está guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano privado al que considera un oponente político», argumentaron los abogados del presidente Trump.
Las peticiones fueron denegadas. En enero, Trump abandonó el caso. El mismo día, el ex presidente y su abogado habían sido sancionados por el juez John Middlebrooks, una persona designada por el presidente Bill Clinton, por 900.000 dólares por lo que él llamó una demanda «frívola» contra Hilary Clinton y otros por las afirmaciones del «Rusiagate».
El juez Middlebrooks escribió que el presidente Trump mostró un «patrón continuo de uso indebido de los tribunales» por presentar demandas contra los implicados en las acusaciones del «Rusiagate». El juez había advertido que la demanda contra James era «vejatoria y frívola».
En marzo, se rechazó una solicitud para retrasar el caso. Los abogados escribieron que la complejidad del caso y el «asombroso volumen» de pruebas requerían más tiempo de preparación, y argumentaron que su cliente tenía «un calendario imposible y forzado a cuestas».
El juez Arthur Engoron escribió que no había necesidad de retrasar un «caso aparentemente sencillo».
«Este caso es complejo, pero no es complicado», dijo.
Los equipos legales del presidente Trump también han estado buscando retrasos en varios otros casos, a menudo con el objetivo de que los juicios tengan lugar después de las elecciones de 2024, ya que se enfrenta a cuatro juicios penales y varios otros casos civiles. Hasta ahora han tenido poco éxito.
En Georgia, el fiscal de distrito del condado de Fulton está presionando para juzgar al presidente Trump en octubre, aunque sus abogados están argumentando en contra de la propuesta, y han solicitado separar su caso de algunos de los otros 18 coacusados que han exigido un juicio rápido. El caso penal en el tribunal estatal alega que los 19 acusados participaron en una conspiración y violaron las leyes de crimen organizado del estado con sus esfuerzos para impugnar los resultados de las elecciones de 2020.
El 15 de enero de 2024, el mismo día en que Iowa inicia el caucus del Partido Republicano, el presidente Trump irá a juicio en un caso de difamación civil, también en Nueva York. Un juez falló recientemente a favor de la escritora E. Jean Carrol antes del juicio, diciendo que el juicio sólo tratará sobre cuánto se le debe en concepto de daños y perjuicios.
En marzo, el presidente Trump se enfrenta a dos casos. En Washington, D.C., se enfrenta a un caso similar al de Georgia en un tribunal federal, que comenzará el 4 de marzo, un día antes de que 16 estados celebren sus primarias republicanas. En Nueva York, tiene otra causa penal estatal en la que se le acusa de manejo indebido de registros financieros empresariales.
En mayo, el presidente Trump irá a juicio en un tribunal federal por presunta manipulación indebida de documentos clasificados.
El presidente Trump, que se presenta de nuevo a las elecciones presidenciales de 2024, ha denunciado enérgicamente las acciones legales en su contra como una «interferencia electoral» mientras continúa haciendo campaña. A pesar de las acusaciones, sus índices de aprobación no han hecho más que subir desde la primera en abril.
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