La revelación de la Casa Blanca de que se encontraron documentos clasificados en una oficina que el presidente Joe Biden utilizó antes de asumir el cargo derivó en comparaciones con el hecho de que el expresidente Donald Trump guardara documentos del gobierno en su casa de Mar-a-Lago, lo que plantea preguntas sobre si ambos se enfrentan a las mismas consecuencias legales.
Los expertos legales que hablaron con The Epoch Times dieron puntos de vista contrastantes sobre el asunto. Algunos insistieron en que no hay diferencia legal entre Trump y Biden en términos de posibles violaciones de las leyes que requieren que los documentos clasificados se entreguen a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) para que se almacenen de forma segura.
Las diferencias clave entre los dos casos, que podrían tener implicaciones en cómo el Departamento de Justicia (DOJ) ve en última instancia los incidentes, según los expertos, se reducen al volumen de documentos guardados y el grado de cooperación en torno a su devolución a la NARA.
El 2 de noviembre de 2022, se encontró un «pequeño número» de documentos clasificados en un armario cerrado con llave en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, cuando los abogados de Biden estaban desalojando las oficinas, declaró el 9 de enero Richard Sauber, abogado especial del presidente.
Sauber dijo que los documentos estaban en un «armario cerrado con llave» en el centro de investigación que Biden utilizó después de servir como vicepresidente y que los documentos fueron entregados a la NARA un día después de ser encontrados.
«Desde ese descubrimiento, los abogados personales del presidente han cooperado con los Archivos y el Departamento de Justicia en un proceso para garantizar que todos los documentos de la Administración Obama-Biden estén debidamente en posesión de Archivos», dijo Sauber.
La noticia del hallazgo de documentos clasificados de Biden dio lugar a comparaciones con Trump, quien en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, guardaba material con marcado como clasificado, el que fue incautado en una redada del FBI.
Trump, que está siendo investigado por el Departamento de Justicia en relación con el incidente, pero no ha sido acusado, dijo que desclasificó los materiales antes de dejar el cargo.
Tras conocerse la noticia del depósito de documentos clasificados vinculado a Biden, los aliados del presidente se apresuraron a defenderlo, mientras que personas del entorno de Trump se preguntaban si Biden sería tratado con guantes de seda o si él también se enfrentaría a una redada del FBI.
Trump había dicho en el pasado que la incautación de documentos de su casa por parte del FBI era un acto de represalia de sus enemigos políticos. Ahora preguntó en las redes sociales «¿cuándo va a hacer el FBI una redada en las muchas casas de Joe Biden, tal vez incluso en la Casa Blanca? Estos documentos definitivamente no fueron desclasificados».
Biden, quien en septiembre de 2022 calificó de «totalmente irresponsable» el manejo de documentos clasificados por parte de Trump, no ha comentado públicamente el descubrimiento de los documentos en el centro de estudios.
«Nosotros queremos saber exactamente qué documentos se llevaron tanto el presidente Trump como ahora el presidente Biden y queremos saber si van a tratar al presidente Biden de manera diferente a como trataron al presidente Trump», dijo a CBS el representante James Comer (R-Ky.), presidente entrante del Comité de Supervisión de la Cámara, después de enterarse del depósito de documentos clasificados de Biden.
«¿Cuál es la diferencia en lo que hizo el presidente Trump frente a lo que ahora sabemos que hizo el presidente Biden?», preguntó Comer.
«No hay diferencia legal entre los dos»
Derek Jacques, abogado de The Mitten Law Firm, dijo a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico que cualquier retiro de documentos clasificados plantea un problema para cualquier funcionario electo, ya sea Trump o Biden, o cualquier otro.
«Esto no difiere realmente del depósito de documentos de Trump en Mar-A-Lago», dijo Jacques. «Si bien existe la implicación de que almacenarlos en su residencia privada podría parecer menos seguro que una oficina en un centro de estudios, no hay diferencia legal entre los dos».
Jacques dijo que, desde un punto de vista legal, tendrá que haber una investigación sobre los documentos encontrados en la oficina de Biden. Dicha investigación también incluiría una determinación del grado en que la acción podría perjudicar los intereses de seguridad nacional, añadió el abogado.
Según una información no confirmada de los medios de comunicación, en que la cadena CBS cita «fuentes con conocimiento de la investigación» no identificadas, el fiscal general Merrick Garland designó a un fiscal para que revise los documentos encontrados en el despacho de Biden y que el FBI también participa en la investigación.
La orden de allanamiento del FBI utilizada para la redada en Mar-a-Lago se emitió por una posible violación de leyes federales, incluida la Ley de Espionaje. La orden autorizó la incautación de documentos y registros del domicilio de Trump que pudieran haber sido «poseídos ilegalmente en violación de 18 U.S.C. § § 793, 2071 y 1519».
La más grave de las infracciones conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la enumeración de los estatutos afectados en la orden no equivalen a una acusación formal y Trump no ha sido acusado de ningún delito.
Jacques dijo a The Epoch Times que, aunque no ve ninguna diferencia legal entre Trump y Biden y sus respectivos depósitos de documentos, el descubrimiento de material clasificado en la oficina de Biden plantea un dilema político para el presidente, dadas sus mordaces críticas a la forma en que Trump manejó los documentos.
«Desde un punto de vista político, el hecho de que se hayan descubierto estos documentos ofrece a los republicanos la oportunidad de tachar a Biden y a su equipo de hipócritas, ya que ellos han criticado a Trump por los documentos incautados en la redada de Mar-A-Lago», dijo el abogado.
Comer señaló este punto en una declaración. «Bajo la Administración Biden, el Departamento de Justicia y Archivos Nacionales han hecho del cumplimiento de la Ley de Registros Presidenciales una prioridad absoluta».
Una ley federal denominada Presidential Records Act establece protocolos detallados en torno a la propiedad y transferencia de los archivos oficiales de presidentes y vicepresidentes.
La ley requiere la preservación de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos, faxes y otras comunicaciones escritas relacionadas con los deberes oficiales de un presidente o vicepresidente y requiere que dichos documentos sean transferidos a NARA para su almacenamiento seguro al terminar sus mandatos.
«Clara delimitación» entre los casos de Trump y Biden
Algunos expertos legales que hicieron declaraciones a The Epoch Times dijeron que ellos sí ven diferencias entre los respectivos manejos de material clasificado por parte de Biden y Trump.
«Yo veo una clara delimitación entre los documentos clasificados del presidente Biden y los del expresidente Trump, basándome en el conjunto de hechos, no en ninguna ideología política», dijo Aron Solomon, analista jurídico jefe de Esquire Digital.
Solomon dijo que, en el caso de Trump, hubo una intención de «tomar y ocultar» documentos que tenían marcas clasificadas —incluidos los documentos marcados como «altamente secreto»— y que el expresidente se negó a devolver los materiales, incluso bajo el poder de una citación.
En mayo de 2022, el DOJ emitió una citación del gran jurado para los documentos de Trump, y los funcionarios visitaron Mar-a-Lago el 3 de junio de ese año para recoger los materiales, según los documentos judiciales presentados en agosto de 2022 (pdf).
Los documentos judiciales dicen que, cuando los funcionarios llegaron a la casa de Trump, el abogado del expresidente les entregó un «único sobre Redweld, doblemente envuelto en cinta adhesiva» que contenía documentos.
Un custodio de los documentos presentó una certificación jurada a los funcionarios diciendo que «todos y cada uno de los documentos que respondían» a la citación habían sido localizados y presentados.
Un abogado de Trump dijo que todos los documentos que habían llegado de la Casa Blanca se habían guardado en un lugar —un almacén— y que no había ninguno en ningún espacio privado ni en ningún otro lugar de la casa.
Dudando de la exactitud de esas declaraciones, el FBI obtuvo una orden de allanamiento y regresó el 8 de agosto de 2022 para llevar a cabo una redada.
«Que el FBI, en cuestión de horas, recuperara el doble de documentos con marcas de clasificación que la ‘búsqueda diligente’ del abogado del expresidente y otros representantes tuvieron semanas para realizar, cuestiona seriamente las declaraciones hechas en la certificación del 3 de junio y arroja dudas sobre el alcance de la cooperación en este asunto», señala el documento de la corte.
El DOJ también declaró en los documentos de la corte que, además de indagar posibles delitos en el manejo indebido de información de defensa nacional, también está investigando una posible obstrucción a la justicia.
El caso de los documentos clasificados de Biden, por el contrario, se caracterizó por una cooperación rápida y entusiasta con la NARA, según la declaración de Sauber del 9 de enero.
Solomon también lo destacó en sus declaraciones a The Epoch Times.
«Estos documentos fueron entregados una vez descubiertos, antes de que Archivos Nacionales, el FBI, el Departamento de Justicia o cualquier otro organismo o agencia se lo pidieran», afirmó el analista.
Otra diferencia, indicó a continuación, está en el volumen de documentos incautados en Mar-a-Lago en comparación con los de la oficina del centro de estudios de Biden.
«En el conjunto de hechos de Biden, tal y como lo conocemos hoy, había una cantidad comparativamente muy pequeña de información clasificada en documentos que el presidente Biden tenía después de ejercer como vicepresidente», dijo Solomon.
Los agentes del FBI incautaron 103 documentos marcados como clasificados en Mar-a-Lago, incluidos algunos marcados como altamente secreto.
Por su parte Jacques insiste, sin embargo, en que la diferencia en el volumen de documentos es más que nada óptica.
«Desde un punto de vista legal, puede que no haya mucha diferencia en el volumen de documentos. Sin embargo, la clasificación de ‘altamente secreto’ sí importa», dijo el abogado. «La cuestión, reitero, vuelve a si Trump desclasificó o no alguno de los materiales incautados en su casa».
Trump ha insistido en que sí desclasificó los documentos, aunque los detalles en torno al proceso de desclasificación y el estado de los documentos siguen sin estar claros y están siendo investigados.
Biden, por el contrario, no tenía autoridad para desclasificar documentos. Este hecho, insistió Jacques, es “material”.
Otra diferencia entre el manejo de documentos de Biden y Trump, según otro experto que comentó sobre el caso a The Epoch Times, es que el caso de Biden no parece sugerir que hubo ninguna obstrucción.
“No parece haber indicios de una posible obstrucción de la justicia porque la posesión de los documentos fue autorrevelada, y el equipo legal de Biden está cooperando con Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia”, dijo Oman Ochoa, abogado fundador de firma Omar Ochoa Law y también abogado de la ciudad de Edinburg, Texas, a través de una declaración enviada a The Epoch Times por correo electrónico.
“Esa cooperación es una gran diferencia con la situación de Trump, que requirió que el Departamento de Justicia obtuviera una orden de allanamiento debido al nivel de falta de cooperación”, agregó Ochoa.
Jacques agregó que, en general, el manejo de los documentos por parte del equipo de Biden significa que «termina pareciendo que cometieron un error honesto», mientras que en el caso de Trump, «termina pareciendo que tiene algo que ocultar», lo que alentaría al DOJ a «profundizar más».
Con información de Associated Press
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