El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso este jueves un veto parcial a la nueva ley de armas aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), al considerar que requiere precisiones respecto a la trazabilidad del armamento y sobre el tratamiento de los artículos decomisados, entre otros aspectos.
En un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el Gobierno anticipó que busca «mejorar ciertos puntos clave como la necesidad de implementar un sistema de trazabilidad para mantener el control de todo el ciclo de fabricación y producción de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados».
El Ejecutivo también consideró que se debe perfeccionar los textos en referencia a las armas de uso militar y policial, así como agregar al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en varios artículos.
También vio oportuno aclarar determinadas regulaciones para equipar a la Policía y a las Fuerzas Armadas con las armas que ellos mismos incauten al crimen organizado, conforme los ecuatorianos aprobaron en un referéndum celebrado en abril, como parte de una serie de medidas para fortalecer la lucha contra la criminalidad.
La Administración de Noboa también adelantó que hará precisiones a los requisitos que deben ser presentados para el porte de armas por parte de la ciudadanía con fines de autoprotección y en enfatizar la prohibición de llevar armas en centros educativos.
El texto que aprobó la Asamblea marca entre los requisitos para que un civil posea un arma tener al menos 25 años, contar con una certificación psicológica forense y análisis toxicológico avalados por el Ministerio de Salud; certificar destreza en el uso y manejo de armas a través del Ministerio de Defensa y no registrar antecedentes de violencia de género o contra miembros de núcleo familiar, entre otros puntos.
La Ley de Armas, Municipios, Explosivos y Materiales Relacionados fue aprobada el pasado 13 de agosto por el pleno de la Asamblea Nacional con 79 votos a favor, en segunda votación.
Durante el debate para su aprobación, el asambleísta ponente de la norma, Xavier Jurado, mencionó que “la lucha contra las armas ilegales que aterrorizan a Ecuador requiere una normativa que respalde a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su lucha contra ellas y permita generar políticas públicas de criminalística para separar aproximadamente 1.2 millones de armas ilegales de las calles”.
“Con esta normativa, Ecuador formará parte de organismos internacionales en materia de control de sustancias químicas, biológicas, así como municiones y armas de todo tipo, tal como las armas menos letales y eléctricas, sobre las que no existía regulación”, destacó Jurado, integrante de la agrupación oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Mientras, Lucía Posso, asambleísta de la formación Avanza, recordó que “el 84 % de los homicidios que se cometen actualmente en el país se realizan con armas de fuego, por lo que es crucial generar un contexto de control riguroso acorde a las nuevas dinámicas con las que opera el crimen organizado”.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47.2 por cada 100,000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, lo que se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.
Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.
De acuerdo al Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17 % en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones.
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