El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió este jueves a la Asamblea Nacional (Parlamento) el proyecto de reforma constitucional para abrir la puerta al restablecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador, prohibidas por la Constitución promulgada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), lo que obligó a Estados Unidos a salir de la base de Manta en 2009.
Noboa ya había anunciado en septiembre pasado su intención de promover esta reforma constitucional para permitir nuevamente la instalación de bases militares permanentes extranjeras en el país, como parte de sus acciones en el «conflicto armado interno» que declaró a inicios de año contra el crimen organizado.
La Asamblea Nacional deberá tramitar el proyecto de reforma constitucional, que en caso de aprobarlo deberá ser refrendado en un referéndum cuya celebración podría coincidir con alguna de las fechas de votación de las elecciones generales previstas para inicios de 2025.
La Presidencia de Ecuador aseguró en un comunicado contar con la resolución favorable de la Corte Constitucional para que este cambio en la carta magna se tramite como una reforma parcial, al considerar el tribunal que no restringe derechos y garantías constitucionales, sino que se refiere exclusivamente a la seguridad en el Ecuador».
«Ahora el proceso pasará a manos del Legislativo, quien deberá decidir de qué lado de la historia estará respecto a la propuesta que fortalecerá la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia», aseveró la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Tras el anuncio de este planteamiento realizado por Noboa, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador aclaró en septiembre que su gobierno no tiene previsto solicitar autorización para establecer una base militar permanente en el país andino.
Actualmente Ecuador y Estados Unidos mantienen sendos convenios de cooperación marítima para la captura de embarcaciones que transportan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica.
Algunas de estas interdicciones han sido realizadas en los últimos días por la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas internacionales, para posteriormente entregar a los detenidos y a los estupefacientes a las autoridades ecuatorianas dentro de sus aguas jurisdiccionales, conforme señaló la Armada de Ecuador en un reciente comunicado.
Asimismo, ambos países también suscribieron recientemente un acta de compromiso para la entrega a Ecuador de dos patrulleros de 33.5 metros de eslora de la Guardia Costera de Estados Unidos, con la condición de que Ecuador se haga cargo de su reacondicionamiento y transporte.
Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones, a las que señala, además, por estar relacionadas con el narcotráfico.
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.
Ecuador está catalogado como el tercer país en el mundo que más drogas decomisa -solo por detrás de Colombia y Estados Unidos- con unas 200 toneladas anuales de estupefacientes incautadas en cada uno de los últimos tres años, mientras que en 2024 ya ha superado esa cifra.
Al mismo tiempo Ecuador se situó en 2023 como el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica, con una tasa de 47.2 por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2024 las autoridades aseguran haber reducido en un 18 % la incidencia de homicidios.
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