Desde este sábado, las ONG en Venezuela estarán obligadas a entregar a la dictadura de Maduro información sobre víctimas de violaciones a los derechos humanos que acuden ante estos organismos para buscar protección–una medida inconstitucional y logísticamente imposible que ocasionaría que las sociedades civiles ocultaran sus datos, según abogados y directores de ONG.
La normativa fue publicada el 30 de marzo, pero divulgada días después, en el diario oficial del régimen. Esta nueva providencia establece que las organizaciones de la sociedad civil deben inscribirse en un registro que las obliga a entregar a Maduro información sobre sus actividades–incluyendo la lista de personas que reciben ayuda humanitaria, de víctimas de violaciones de derechos humanos, de donantes nacionales y extranjeros, y movimientos financieros.
Esta disposición forma parte del «Registro Unificado de Sujetos Obligados» ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, bajo el Ministerio del Interior del régimen.
Los funcionarios de Maduro han venido arremetiendo constantemente contra las ONG, acusándolas de ser “instrumentos de desestabilización” y de recibir recursos de Estados Unidos para conspirar contra Venezuela. A principios del mes, el número dos del chavismo Diosdado Cabello dijo que «hay muchas [ONG] vinculadas a programas de desestabilización, inclusive terroristas», y las acusó de recibir recursos de Estados Unidos para «conspirar» contra Venezuela.
La organización Amnistía Internacional alzó su voz contra esta medida inconstitucional, exigiendo su «derogación inmediata».
«Esta medida forma parte del patrón de criminalización sistemática de las organizaciones de la sociedad civil, que se ha intensificado durante el último año. No cabe duda de que esta normativa constituye el hecho más grave que hemos documentado hasta la fecha», dijo AI en su carta publicada el 22 de enero.
Más de 660 organizaciones se sumaron a Amnistía Internacional exigiendo que se derogue la norma impuesta por Maduro, ya que las ONG dentro de Venezuela siempre han operado bajo un marco legislativo que les obliga a registrarse y a presentar sus declaraciones de impuestos. Es por ello que para Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, esta medida es «otra estrategia dentro de la represión violenta de Maduro» que viola las libertades de expresión y de asamblea pacífica estipuladas dentro de la misma Constitución de Venezuela.
«Particularmente desde el año pasado, Maduro ha puesto esfuerzos e inversión de tiempo y de recursos financieros para atacar a las organizaciones de la sociedad civil, que hoy día son las únicas en muchos territorios del país están proveyendo a las personas en altísima necesidad con ayuda humanitaria, acompañamiento a las víctimas que han sufrido violaciones a los derechos humanos y sin duda, esto ha sido una amenaza para el régimen de Nicolás Maduro», dijo Guevara-Rosas a The Epoch Times.
Sin embargo, la abogada señaló que incluso logísticamente esta nueva normativa sería incluso imposible de lograr.
«Lamentablemente sabemos que también muchas organizaciones de la sociedad civil ni siquiera tendría la capacidad de hacer este registro, porque muchas se encuentran en algunas comunidades aisladas, proveyendo de los servicios que lamentablemente el gobierno no le da a su población, se han negado a dar o los han politizado».
«No sería posible que las organizaciones pudiesen allegarse de toda la información necesaria para hacer este registro», agregó. «Así que preocupa mucho las consecuencias que puede haber, sobretodo porque la medida establece medidas punitivas que puedan llevar a las personas a procesos judiciales (…) y enfrentarían cargos que conllevan una sanción carcelaria», agregó.
Asimismo, el coordinador de la ONG Movimiento Libertario de Venezuela, Yomar Moreno, cree que desde el sábado, las ONG venezolanas se verán obligadas a operar de forma oculta por miedo a las consecuencias.
«Las organizaciones que hacen vida activa dentro del territorio tendrían una sola opción y es pasar a la clandestinidad. Ocultar evidentemente la información sensible que la dictadura quiere, no solamente para guardar la información y poder transmitirla a nivel internacional, sino también para mantener la integridad física de las víctimas y de sus familiares», dijo Moreno a NTD, medio asociado a The Epoch Times.
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