Los sindicatos gubernamentales no tienen que reembolsar los llamados honorarios de agencia a los empleados públicos que se vieron obligados a pagarlos antes de que la Corte Suprema anulara las cuotas obligatorias como inconstitucionales en 2018, dictaminó un tribunal federal de apelaciones.
El fallo es una victoria para el movimiento laboral, que ha estado viendo una caída en las cifras de membresía desde que el fallo histórico de la Corte Suprema en Janus v. AFSCME (2018) arrojó una llave en cómo los sindicatos financian sus operaciones.
En Janus, la Corte Suprema anuló la Junta de Educación de Abood v. Detroit (1977), que sostenía que los sindicatos del sector público podían recaudar honorarios de agencias obligatorias de los no miembros para financiar sus actividades de negociación colectiva, sin infringir la Primera y Decimocuarta Enmienda.
Como la Freedom Foundation, con sede en Olympia, resumió la decisión de Janus: «Todo lo que hace un sindicato del sector público es defensa política, y la Primera Enmienda no tolera el subsidio obligatorio de la defensa política».
Después de la opinión de 2018, los sindicatos dejaron de cobrar las tarifas.
Pero tres trabajadores del gobierno del estado de Washington que, antes del fallo de Janus, se vieron obligados a remitir los honorarios de la agencia a la Federación de Empleados del Estado de Washington (WFSE) a pesar de que no eran miembros, demandaron por «una indemnización por daños y perjuicios por los honorarios de la agencia incautados por error» para ellos y para trabajadores en situación similar, declararon su demanda legal.
Un tribunal federal de primera instancia en el estado de Washington desestimó la demanda en noviembre de 2018. Los demandantes apelaron y un panel de tres jueces del Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos se unió al sindicato y confirmó el tribunal de primera instancia en un fallo el 26 de diciembre en el caso citado como Danielson vs. Inslee. El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito también sostuvo que los empleados públicos no tienen derecho a un reembolso por los pagos de honorarios de la agencia realizados antes del fallo de Janus.
El panel del Noveno Circuito estaba formado por los jueces Ronald M. Gould, Jacqueline H. Nguyen y Gregory A. Presnell. Nguyen fue nombrado por el expresidente Obama; Gould y Presnell fueron nombrados por el expresidente Bill Clinton.
Escribiendo para el panel unánime en una decisión de 20 páginas, el juez Nguyen descubrió que el sindicato había recaudado los honorarios de buena fe y no debería tener que devolverlos.
«El sindicato no tiene la culpa de actuar de conformidad con la ley estatal y el precedente de la Corte Suprema», escribió Nguyen. “Recolectó y gastó honorarios bajo el supuesto — sancionado por el tribunal más alto de la nación — que su conducta era constitucional. Y el sindicato brindó un servicio a los empleados contribuyentes a cambio de los honorarios de la agencia que recibió”.
El sindicato «no está obligado a pronosticar vientos cambiantes en la Corte Suprema», escribió.
«Es cierto que, según la ley actual, los empleados sufrieron un error constitucional por el cual pueden no tener medios viables de compensación si prevalece la defensa de buena fe», escribió Nguyen. «Sin embargo, no sería equitativo ordenar la transferencia de fondos de un actor inocente a otro, particularmente cuando este último recibió un beneficio del intercambio».
No está claro si los empleados del estado de Washington apelarán el fallo ante la Corte Suprema.
El fallo de Janus ha provocado una oleada de actividad legal.
Dos abogados de Wisconsin confían en la opinión de Janus en su desafío a las tarifas obligatorias de los colegios de abogados estatales.
Se espera que Adam Jarchow y Michael Dean soliciten «que la Corte Suprema ponga fin a las tarifas obligatorias de los colegios de abogados, que son comunes a la regulación de la práctica legal en al menos 30 estados», informó The Daily Caller News Foundation.
«Los demandantes dicen que su caso es una extensión natural de la decisión Janus v. AFSCME de la Corte Suprema de 2018, que anuló los pagos obligatorios de ‘honorarios de agencia’ a los sindicatos del sector público por motivos de la Primera Enmienda. La disputa presenta al tribunal superior su primera oportunidad de extender la decisión de Janus a otros contextos”.
Según los informes, la National Right to Work Foundation está litigando alrededor de 30 casos relacionados con Janus que buscan reembolsos por más de USD 120 millones.
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