La Asociación Nacional del Rifle (NRA) y los republicanos de Nuevo México demandaron a la gobernadora Michelle Lujan Grisham por una orden ejecutiva que restringe el porte de armas de fuego en Albuquerque y el condado de Bernalillo.
Esto eleva a seis el número de demandas contra la orden ejecutiva de la gobernadora.
Dos representantes estatales republicanos dijeron que la orden de la Sra. Grisham y su historial como gobernadora demuestran que no es apta para el cargo. Así que, además de demandar, dos representantes estatales iniciaron un esfuerzo para destituir a la Sra. Grisham.
Stefani Lord, representante estatal republicana de Nuevo México, escribió en un correo electrónico a The Epoch Times: «Estoy centrada principal y firmemente en seguir adelante con la destitución de la gobernadora Grisham».
El representante estatal republicano de Nuevo México, John Block, se unió a la Sra. Lord en el esfuerzo de destitución.
«Casi todos los demócratas, republicanos e independientes se oponen a su orden ilegal e inconstitucional, como lo demuestra el gran número de personas que denuncian lo insensata e ilegal que es», escribió en un correo electrónico a The Epoch Times.
Dijo que acaban de iniciar el proceso de certificación de una sesión legislativa extraordinaria para la destitución.
La última demanda fue presentada ante el Tribunal Supremo de Nuevo México el 14 de septiembre por la NRA, los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado del estado, el Partido Republicano de Nuevo México, el Partido Libertario de Nuevo México y ocho particulares.
La demanda incluye como demandados a la Sra. Grisham y a Patrick Allen, Secretario del Departamento de Salud Pública del Estado.
Un portavoz de la NRA no devolvió una llamada telefónica o un correo electrónico en busca de comentarios.
Los demandantes alegan una «invasión de derechos»
Según la demanda, los demandantes quieren que la corte dictamine que la violencia con armas de fuego y el consumo de drogas no son emergencias de salud pública, que las órdenes violan la separación constitucional de poderes y causan una «invasión clara y palpable de derechos».
Aunque la Sra. Grisham redujo la orden original, pidieron al tribunal que atendiera el caso.
El Tribunal debe conocer de esta petición y decidir sobre estas cuestiones en cuanto al fondo, independientemente de si la orden actual vuelve a entrar plenamente en vigor, se retira voluntariamente o es sustituida por otra orden, ya que las cuestiones jurídicas más profundas implicadas son de suma importancia y son «susceptibles de repetición, pero evadiendo la revisión», dice la demanda.
Grisham defendió públicamente sus acciones. En una rueda de prensa celebrada el 8 de septiembre, afirmó que ningún derecho constitucional es absoluto. La Sra. Grisham afirmó que, como gobernadora, tiene autoridad para suspender ciertos derechos durante una emergencia declarada.
«En mi opinión, ningún derecho constitucional, incluido mi juramento, es absoluto», continuó. «Hay restricciones a la libertad de expresión; hay restricciones a mis libertades».
La ACLU y los demócratas se oponen a la orden
Una portavoz de la oficina de la Sra. Grisham no devolvió una llamada telefónica en busca de comentarios para esta historia.
Los representantes republicanos afirman que la Sra. Grisham no tiene tal autoridad. La Sra. Lord subrayó que incluso los miembros del partido de la Sra. Grisham tienen esta opinión.
«Sabes que metiste la pata cuando la ACLU, tu propio fiscal general demócrata y los activistas del control de armas se manifiestan en contra de tu tiranía», escribió Lord.
En una carta de la NRA a la Sra. Grisham fechada el mismo día en que se presentó la demanda, Randy Kozuch, director ejecutivo del Instituto para la Acción Legislativa de la Asociación Nacional del Rifle, escribió que la Sra. Grisham se dirige a las personas equivocadas.
«La NRA le insta a responsabilizar a los delincuentes de los daños que infligen», escribió el Sr. Kozuch. «Pero no nos quedaremos quietos mientras usted intenta culpar y restringir los derechos de los estadounidenses pacíficos que simplemente quieren protegerse a sí mismos, a sus familias y a su comunidad».
Los republicanos reclaman la supresión de los planes
Según el correo electrónico del Sr. Block, la Sra. Grisham ayudó a crear los problemas que quería resolver.
«Los republicanos no sólo tienen planes para aliviar la violencia que azota a nuestro estado, pero todos fueron asesinados por los aliados de extrema izquierda de la Gobernadora Luján Grisham en la Legislatura», escribió.
Según el Sr. Block, los republicanos quieren aumentar las penas para los delincuentes con armas, la detención preventiva y penas más estrictas para el tráfico. Afirma que los demócratas, liderados por la Sra. Grisham, obstaculizaron sus esfuerzos.
La señora Lord está de acuerdo.
«Tenemos que cerrar nuestra frontera sur, financiar plenamente e invertir en la aplicación de la ley, y empezar a hacer que los criminales violentos rindan cuentas ante las cortes». El plan de la gobernadora Luján Grisham no haría nada para frenar realmente la violencia armada», escribió.
Audiencia fijada para el 3 de octubre
La orden ejecutiva original de la Sra. Grisham del 8 de septiembre declaraba la violencia armada en Albuquerque una emergencia de salud pública. Prohibía llevar armas de fuego en público durante 30 días.
Después de que esa decisión provocó críticas de ambos lados del pasillo político, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del estado de Nuevo México, ella redujo la restricción de nuevo a los patios de recreo, parques públicos, «u otras áreas públicas previstas para que los niños jueguen».
La norma modificada exime a los parques estatales del sistema de parques estatales y a las zonas que sean propiedad o estén gestionadas por la División de Parques Estatales del Departamento de Energía, Minerales y Recursos Naturales de Nuevo México o por la Oficina Estatal de Tierras.
La orden sigue exigiendo a los civiles con permisos de portación que coloquen las armas en cajas cerradas con llave y utilicen seguros de gatillo u otros medios para evitar que se disparen antes de llevarlas en público. Los guardias de seguridad y policías con licencia estarían exentos de la orden.
Actualmente hay otras cinco demandas pendientes ante la Corte de Distrito de EE.UU. El juez de distrito David Urias dictó una orden de restricción temporal en esos casos. Ordenó una vista para una medida cautelar a las 10 de la mañana del 3 de octubre.
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