Varias oenegés presentaron una nueva denuncia contra grandes grupos textiles, incluido el español Inditex, a los que acusan de haberse beneficiado de los abusos de los que es objeto la minoría uigur en China, después de que la Justicia archivara el mes pasado la primera que formalizaron en 2021.
En este nuevo procedimiento, dirigido contra Uniqlo, SMCP, Inditex y Skechers USA, las ONG Sherpa, el Colectivo Ético con la Etiqueta y el Instituto Uigur de Europa asociaron a una mujer de la minoría uigir para, constituyéndose en acusación particular, reclamar la apertura de una investigación judicial al considerarse personalmente perjudicada.
La denuncia, explicaron esos organismos en un comunicado, es por receptación de cuatro delitos: crímenes contra la humanidad, genocidio, sometimiento a servidumbre y trata de seres humanos en banda organizada.
Lo que pretenden con la constitución de una presunta víctima en acusación particular es la designación de un juez instructor encargado de investigar y dilucidar «las eventuales responsabilidades de las multinacionales de la ropa que se aprovechan del trabajo forzado de los uigures para la fabricación de sus productos».
En definitiva, ante la «debilidad de la respuesta de los Estados contra el régimen chino», su esperanza es que la Justicia dirima «la responsabilidad de los actores económicos que se aprovechan y alimentan una economía del genocidio».
Los denunciantes explican que un 20 % de la producción mundial de algodón viene de la región donde viven los uigures y que la misma proporción de piezas de ropa de algodón podría estar «manchado» por el «trabajo forzado» de esa minoría musulmana.
A su parecer, los grandes grupos que utilizan ese algodón o que subcontratan el trabajo «no pueden ignorar» esos hechos y al comercializar su ropa «sacan provecho de graves crímenes cometidos contra esa población».
La receptación que reprochan a estas cuatro multinacionales se refiere, precisamente, al hecho de beneficiarse de delitos cometidos por otros a sabiendas del carácter ilegal de esos hechos.
La Fiscalía Nacional Antiterrorista archivó el pasado 12 de abril la primera denuncia que habían presentado estas ONG en abril de 2021, según las ONG porque no se consideró competente para examinar las alegaciones.
Inditex había rechazado «firmemente» esas acusaciones desde el principio, e insistió en que cuenta con controles rigurosos que le permiten confirmar que no tenían fundamento, y además aplica «tolerancia cero hacia cualquier forma de trabajo forzoso».
La compañía española había mostrado igualmente su disposición a colaborar con la Justicia francesa para demostrar su inocencia.
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