Nueva ley de California aumenta la protección a inquilinos ante desalojos y aumentos de alquileres

Al ver que los inquilinos siguen siendo propensos a ser expulsados o a que se les ponga precio a sus viviendas, los partidarios de la nueva ley afirman que refuerza la anterior Ley de Protección del Inquilino

Por Aarón Gonzáles
07 de junio de 2024 6:16 PM Actualizado: 07 de junio de 2024 6:16 PM

Frente a la crisis de vivienda de California, los legisladores estatales aprobaron la Ley de Protección de Inquilinos de 2019 para proporcionar a los inquilinos más estabilidad limitando los aumentos de alquiler y endureciendo las normas de desalojo.

Pero los defensores de las personas sin hogar descubrieron que muchos inquilinos seguían siendo vulnerables.

El Proyecto de Ley del Senado 567, que entró en vigor el 1 de abril, se basa en la ley de 2019 al ampliar las protecciones contra el desalojo y establecer una pena severa para los propietarios que desafíen el límite de los aumentos de alquiler.

Con la nueva ley, redactada por la senadora María Elena Durazo y denominada Ley de Prevención de la Falta de Vivienda, un obstáculo importante para cualquier desalojo “sin culpa y con causa justa” surge cuando el dueño de la propiedad quiere mudarse a la residencia, o cuando el propietario planea desplazar al inquilino para una renovación importante.

La SB 567 dice que los propietarios deben mudarse ellos mismos o hacer que un miembro de la familia se mude dentro de los 90 días de haber pedido a los inquilinos que se vayan y deben ocupar la propiedad como su residencia principal durante al menos 12 meses.

La ley también dice que si un propietario desplaza a un inquilino para una demolición o remodelación importante pero no comienza ni completa el trabajo, el propietario debe ofrecerle al inquilino la propiedad al mismo alquiler que cuando el inquilino la desalojó.

También exige que los propietarios entreguen a los inquilinos un aviso por escrito con una descripción de las remodelaciones o demoliciones importantes, la duración prevista de las reparaciones y copias de los permisos necesarios.

La SB 567 también apunta a aumentos de alquileres. Los partidarios del proyecto de ley señalaron que incluso aquellos que están protegidos por la Ley de Protección de Inquilinos pueden enfrentar aumentos anuales de alquiler de hasta el 10 por ciento. Según AB 1482, los aumentos de alquiler se limitaron al 5 por ciento más la tasa de inflación local, o al 10 por ciento de la tasa de alquiler bruta más baja cobrada en cualquier momento durante los 12 meses anteriores al aumento, lo que sea menor.

La SB 567 sometería a un propietario que cobra más del alquiler máximo permitido a una demanda civil, y el inquilino podría reclamar daños y perjuicios hasta tres veces la cantidad en la que el alquiler excedió el máximo.

Los partidarios de la nueva ley dicen que el aumento constante de los alquileres a menudo empuja a personas y familias a quedarse sin hogar.

Un estudio de 2020 realizado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. encontró que un aumento medio de USD 100 en el alquiler provocó un aumento del 9 por ciento en la cantidad de personas sin hogar.

“Demasiados inquilinos enfrentan desalojos injustos, debido a lagunas en las leyes existentes y porque los alquileres están aumentando a un ritmo que la clase trabajadora de California simplemente no puede permitirse”, dijo la Sra. Durazo.

El proyecto de ley fue patrocinado por la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario, la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, el Consejo de Liderazgo para la Justicia y la Responsabilidad, PICO California, Defensores Públicos y el Centro Occidental sobre Derecho y Pobreza.

Una investigación realizada por Zillow en 2018 concluyó que las comunidades donde las personas gastan más del 32 por ciento de sus ingresos en alquiler tendían a ver el aumento más rápido en la cantidad de personas que empezaban a vivir en las calles.

“Las lagunas en las protecciones de causa justa han permitido a los propietarios desalojar a inquilinos a largo plazo y aumentar los alquileres a niveles verdaderamente inasequibles, dejando a muchos desprotegidos durante los años más vulnerables desde la adopción de la AB 1482, que incluyeron la pandemia, una recesión económica y tiempos de inflación históricamente alta”, dijo el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios del estado de California.

Quienes se oponen a la SB 567 la llaman “un enfoque extremo”.

La Asociación de Viviendas de Alquiler del Sur de California dijo que AB 1482 era un proyecto de ley cuidadosamente negociado con una vida útil de 10 años. El aumento de las restricciones dificulta que los propietarios administren eficazmente sus propiedades, dijo la asociación.

“Proponer ahora reescribir la AB 1482, alegando la necesidad de límites de alquiler más estrictos y una depuración necesaria en la ley, no reconoce el extenso trabajo de buena fe que se realizó”, dijo la Asociación de Apartamentos de California. “AB 1482 fue una empresa importante. No es necesario modificar la ley”.

Debido a que la SB 567 cambia los procedimientos para que los propietarios de California desalojen a los inquilinos, los inversores que planean remodelar o reconstruir sustancialmente una propiedad para revenderla enfrentarán nuevos desafíos y regulaciones mientras cumplen con las disposiciones del proyecto de ley.

Además de la SB 567, el gobernador Gavin Newsom firmó recientemente la AB 12, que entrará en vigor el 1 de julio.

Redactada por el asambleísta Matt Haney, demócrata de San Francisco, la ley prohíbe a los propietarios solicitar depósitos de seguridad que excedan el alquiler de un mes.

«A pesar del aumento vertiginoso de los alquileres, las leyes que garantizan depósitos de seguridad asequibles no han cambiado sustancialmente desde la década de 1970», dijo el Sr. Haney. «Esta nueva ley es un simple cambio de sentido común que tendrá un enorme impacto en la asequibilidad de la vivienda para las familias en California, al mismo tiempo que equilibrará la necesidad del propietario de protegerse contra una posible responsabilidad».

Quienes se oponen al proyecto de ley dijeron que más propietarios podrían decidir abandonar el mercado si no pueden cobrar los depósitos de seguridad que cubrirán los posibles daños.


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