La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, firmó dos proyectos de ley que rechazan la agenda progresista; uno de los proyectos prohíbe los llamados medicamentos de afirmación de género para niños.
Uno de esos proyectos de ley respaldados por los republicanos, el Proyecto de Ley del Senado 184, fue aprobado por la Cámara de Representantes de Alabama con un voto mayoritariamente partidista el 7 de abril. Convierte en un delito grave que un médico recete cualquier medicamento «destinado a alterar el género o retrasar la pubertad» o realizar cirugía de transición de género en personas menores de 19 años, con penas de hasta 10 años de prisión.
El otro, el Proyecto de Ley 322 de la Cámara de Representantes, requiere que los estudiantes de escuelas públicas en Alabama usen baños y vestuarios que se alineen con su sexo como se indica en su certificado de nacimiento original. Se aprobó con una enmienda que prohíbe que las escuelas públicas enseñen o permitan discusiones en el aula sobre orientación sexual e identidad de género para estudiantes desde jardín de infantes hasta quinto grado.
Alabama es ahora el único estado de la nación que prohíbe los tratamientos de alteración de género para menores, aunque otros estados han intentado promulgar medidas similares anteriormente.
En abril de 2021, el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, vetó un proyecto de ley similar a la ley de Alabama, calificando la medida como “un producto de la guerra cultural en Estados Unidos” y una extralimitación gubernamental “amplia” y “extrema”. La Legislatura de Arkansas, dominada por los republicanos, anuló su veto, pero un juez federal luego lo bloqueó temporalmente mientras continúa una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Los proyectos de ley de Alabama fueron firmados por la gobernadora Ivey el 8 de abril y entrarán en vigencia en 30 días, aunque se esperan impugnaciones legales.
La ACLU y el Transgender Law Center han prometido enfrentarse a la prohibición de la atención de afirmación de género. Otra coalición de grupos de defensa progresista, entre los que se encuentran el Southern Poverty Law Center, el National Center for Lesbian Rights y la Human Rights Campaign, han declarado que van a presentar una demanda por separado en nombre de dos proveedores de servicios médicos y varias familias que «se verán directamente perjudicadas» por la aprobación del proyecto de ley 184 del Senado.
“Este proyecto de ley peligroso socava la capacidad de los padres de Alabama para tomar decisiones sobre lo que es mejor para sus hijos”, dijo Scott McCoy, director legal de la división de derechos LGBTQ en Southern Poverty Law Center. “Es indefendible que el estado llegue e interfiera tan completamente en la toma de decisiones médicas de la familia y no resistirá el escrutinio constitucional”.
La administración Biden también influyó en el debate, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una conferencia de prensa que los proyectos de ley de Alabama son una “extralimitación extrema del gobierno” y “solo servirán para dañar a los niños”.
En respuesta, el presidente del Partido Republicano de Alabama, John Wahl, dijo que la administración Biden no tiene autoridad para impulsar una “agenda de izquierda radical” en su estado.
“Los habitantes de Alabama están cansados de la agenda izquierdista radical de la Administración Biden y se extralimitan en nuestros asuntos estatales”, dijo Wahl. “Nuestro mensaje a la Administración Biden es que respete la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y no se meta en nuestros asuntos”.
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