Las autoridades de Nueva York anunciaron este jueves que han creado una unidad forense dedicada específicamente al análisis de ADN para investigar los delitos con armas de fuego para acelerar la obtención de resultados como parte de la lucha contra este tipo de violencia.
Según informó en un comunicado el alcalde, Eric Adams, la nueva unidad supone un hito, ya que será el primer equipo especializado en delitos de armas de fuego que trabaja en un laboratorio de análisis de ADN público, que en el caso de Nueva York es el más grande de Norteamérica.
«Nueva York ya procesa las pruebas de los delitos con armas más rápido que el 90 % de jurisdicciones en la nación», dijo Adams, pero esta nueva unidad integrada en la Oficina Forense «usará el poder de la ciencia» para ayudar a que los casos se resuelvan con más premura.
«Nuestros tiempos de espera ya están entre los mejores de la nación, y esta iniciativa nos llevará al siguiente nivel», agregó el jefe forense local, Jason Graham.
El laboratorio de análisis de ADN público de la ciudad cada año procesa unos 50,000 objetos procedentes de delitos de todo tipo y suele tardar 60 días o menos en ofrecer resultados en la categoría de armas de fuego, pero el objetivo es reducir ese tiempo a 30 días o menos.
La nueva unidad recibirá 2.5 millones de dólares para contratar a 24 científicos forenses «dedicados únicamente a hacer pruebas y analizar las evidencias de delitos armados» y para hacer mejoras en el «software» del laboratorio y comprar nuevo equipamiento.
Nueva York vive un aumento notable de la criminalidad y una ola de delitos con armas de fuego desde que estalló la pandemia de covid-19, y las autoridades temen que esa tendencia siga después de que el Supremo haya tumbado una ley estatal que prohibía llevar armas en público.
Este mismo jueves, la población conocía la noticia del asesinato a bocajarro de una mujer de 20 años que empujaba un carrito con una bebé la pasada noche en el acaudalado barrio del Upper East Side, en Manhattan.
Mientras, la Fiscalía neoyorquina ha denunciado a una decena de minoristas que venden piezas para ensamblar «armas fantasma» (sin registro), y se prevé que los legisladores tomen pronto medidas para que no se puedan llevar armas en público en espacios como negocios.
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