Los funcionarios de Nueva York están rescindiendo un mandato de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud. Dicho mandato ha provocado el despido de miles de personas.
Los abogados del estado anunciaron la medida repentina durante una audiencia hecha el 24 de mayo en un caso presentado por médicos que enfrentaron el despido por no vacunarse.
“Debido al panorama cambiante de la pandemia de COVID-19 y las recomendaciones de vacunas en evolución, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha comenzado el proceso de derogar el requisito de vacunas anti-COVID para los trabajadores en los centros de atención médica regulados”, agregó el departamento de salud del estado en un comunicado.
“Se trata de una gran victoria», declaró Sujata Gibson por correo electrónico a The Epoch Times. Gibson es la abogada que representa a los demandantes en el caso. «No puedo subrayar lo suficiente lo significativo que es esto, no solo para los 34,000 médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que no han podido trabajar en este estado desde 2021, sino también para los millones de neoyorquinos que se han visto afectados por la peligrosa y paralizante crisis de personal que resultó de su éxodo forzado del campo”.
Unos 34,000 trabajadores perdieron sus trabajos o abandonaron sus puestos por el mandato, que se impuso en 2021. Eso redujo la fuerza laboral de atención médica en el estado en un 3.5 por ciento.
Las enfermeras, entre otros, habían advertido que el mandato contribuiría a la escasez de personal que ya estaba afectando a algunas instalaciones.
No se emprenderán nuevas acciones punitivas ya que el Consejo de Planificación de Salud y Salud Pública está considerando la derogación del mandato, dijo el departamento en una carta a los proveedores. Pero aún se pueden buscar sanciones por violaciones citadas anteriormente.
Los demandantes en el caso estatal dijeron que los funcionarios violaron la Constitución de Nueva York cuando hicieron permanente el mandato en 2022, sin pasar por la legislatura. Mary Basset, la comisionada de salud en ese momento, también ignoró los datos que mostraban que las personas vacunadas podrían estar infectadas y transmitir COVID-19, decía la petición.
Los funcionarios estatales durante la pandemia afirmaron que el mandato ayudaría a combatir la propagación de COVID-19 y protegería a los empleados y a los pacientes. También dijeron que cumplieron con la ley al promulgar el mandato.
El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Gerard Neri, se puso del lado de los demandantes en enero y dictaminó que el gobierno tenía “claramente prohibido ordenar cualquier vacunación fuera de las específicamente autorizadas por la legislatura” y que el Departamento de Salud “violó descaradamente los límites de su autoridad” al emitir el mandato a pesar de que las vacunas no previenen la transmisión.
El fallo prohibió la ejecución del mandato, pero se suspendió después de que la administración de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentara una apelación.
Audiencia
Los demandantes esperaban que los abogados estatales presentaran argumentos ante el tribunal para que se revocara el fallo de enero. Se sorprendieron cuando los abogados anunciaron por primera vez que se retiraría el mandato.
“El Departamento de Salud del Estado me acaba de informar que tienen la intención de derogar la regulación que se impugna aquí”, dijo a la corte Jonathan Hitsous, uno de los abogados.
“Debido a que ya no hay una regulación que obligue el cumplimiento de la ley, argumentamos que este caso ahora ha perdido validez”, agregó.
Hitsous luego instó a la corte a anular el fallo de Neri, alegando que, si se deja en su lugar, generaría dudas sobre la regulación y otros requisitos de inmunización.
Gibson se opuso.
“Se necesitaron años de litigio para llegar aquí, y si pueden seguir haciendo esto cada vez que hay un nuevo mandato de vacunación contra la gripe que quieren aprobar o si quieren poner otro mandato de vacuna anti-COVID, o si quieren hacer esto en la próxima pandemia, en la próxima vacuna, esto volverá a pasar, y estas personas… sus vidas han sido arruinadas”, dijo. “Lo han perdido todo, y solo queremos evitar que eso vuelva a suceder”.
El tribunal levantó la sesión sin emitir un fallo.
“Nuestra lucha no ha terminado. En una muestra flagrante de astucia, el estado tuvo el descaro de pedirle a la Corte que no solo retirara la apelación, sino que también anulara (esencialmente borrara) la decisión a continuación, sin revisarla en cuanto al fondo”, le dijo Gibson a The Epoch Times.
“Los tribunales no pueden permitir que los acusados se salven de las consecuencias legales de un fallo final simplemente deteniendo la conducta ilegal a mitad de la apelación. Los neoyorquinos deben poder usar el fallo de la corte inferior como precedente para que esto nunca vuelva a suceder”, dijo también.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York y la oficina de Hochul no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Según las normas estatales, el Consejo de Salud Pública y Planificación de la Salud debe votar para derogar ciertas reglamentaciones. El órgano está compuesto por el Dr. James McDonald, el comisionado interino de salud y otros médicos y funcionarios de salud. Todavía no está claro cuándo el consejo abordará el asunto.
Mientras tanto, los proveedores individuales deben “considerar individualmente cómo implementar sus propias políticas internas con respecto a la vacunación contra el COVID-19 sin dejar de cumplir con las leyes estatales y federales aplicables”, dijo el Dr. Eugene Heslin, funcionario de salud estatal, en la carta a los proveedores.
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